14 de marzo de 2018
14.03.2018
Protestas

¿Qué reclaman los pensionistas?

Las movilizaciones recientes exigen que la revalorización recupere el referente del IPC

14.03.2018 | 22:43
Una protesta de pensionistas.

La movilización de los pensionistas en la calle que ha sorprendido al Gobierno ha acabado por precipitar el debate sobre el sistema público de pensiones. El modelo actual de la Seguridad Social no parece tener capacidad para garantizar el pago de la nómina a medio plazo, tal y como ahora se calculan las prestaciones, lo que aboca a recurrir a los impuestos o a una nueva reforma.

Serán los partidos quienes deben debatir ahora cómo afrontan el problema y si se decantan por una solución temporal o una reforma en profundidad.

Mientras tanto, la reivindicación de los pensionistas proseguirá está semana con la convocatoria a nivel nacional de una gran movilización el próximo sábado día 17. Su planteamiento es muy claro: quieren que las pensiones vuelvan a revalorizarse según la revolución de los precios y no con el cálculo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y entró en vigor en 2014.

La reforma de 2013


Con la última reforma, el cálculo prescindía de la referencia del IPC y establecía una bajada máxima del -0,25% y un subida máxima del IPC + el 0,5%. Para este año, el alza ha sido del 0,25%, la subida máxima permitida cuando el sistema está en déficit, un repunte que en realidad supone una pérdida neta de poder adquisitivo para los pensionistas por el efecto de la inflación.

Según el Gobierno, los pensionistas habrían perdido un 1,9% de poder adquisitivo en 2017, el primer año en negativo desde que se aplica el nuevo sistema de cálculo.

Sin embargo, los pensionistas denuncian unas prestaciones "de miseria" y reclaman derogar el actual índice de revalorización para volver a un cálculo fundamentado en la evolución de la inflación.

Propuestas de los sindicatos


Además, los sindicatos, como CCOO y UGT, que han acompañado las movilizaciones, piden medidas como la derogación del factor de sostenibilidad –una nueva variante no concretada en la reforma de 2013 que debería ajustar el gasto en pensiones a la esperanza de vida a partir de 2019– o el incremento en las bases máximas de cotización. Igualmente, exigen que las prestaciones por supervivencia se financien con impuestos o que los gastos de administración de la Seguridad Social corran a cargo del Estado.

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