04 de mayo de 2018
04.05.2018

El Gobierno recurrirá la ley para investir a distancia si hoy la debate el Parlament

La Cámara defiende las protestas de los CDR - Elsa Artadi también recibe el aval del PDeCAT para ser candidata

04.05.2018 | 14:08

La Mesa del Parlament programó ayer para hoy el debate de la reforma legal que impulsa Junts per Catalunya (JxC) para permitir investiduras a distancia. El Gobierno, que ya tiene listo el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), advirtió que lo presentará si "finalmente" la normativa es debatida en la Cámara.

En su reunión, previa a la celebración del largo Pleno que empezó ayer, la Junta de Portavoces rechazó una petición de Ciudadanos para que la reforma de la ley de la Presidencia fuera retirada. Aparte, C's presentó un recurso de amparo ante el TC para impedir que Carles Puigdemont y Toni Comín deleguen su voto.

Aunque el Parlament vote y apruebe mañana la normativa pensada para investir a Puigdemont a distancia, el anunciado recurso del Gobierno y los plazos que marca la propia reforma legal para su plena ejecución hacen difícilmente viable una investidura del expresident antes del próximo día 22, cuando, en caso de que ningún candidato haya sido investido, el Parlament sería disuelto y se convocarían nuevas elecciones. Por eso es necesario que de la reunión que Puigdemont mantendrá mañana con sus diputados en Berlín salga el nombre de un nuevo candidato, el cuarto, a la investidura. Todo apunta a Elsa Artadi, persona de la máxima confianza del expresident que el miércoles recibió el aval de ERC.

También el PDeCAT dio ayer el visto bueno a Artadi, pese a las reticencias mostradas hasta ahora, dado que se trata de una persona más próxima a Puigdemont que ligada al aparato del partido. La presidenta, Neus Munté, alabó ayer su "larga experiencia política". El portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, aseguró que el cuarto candidato será elegido "con un acuerdo amplísimo".

El Parlament aprobó ayer una propuesta de resolución en defensa de las protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR) y acusó al Estado de criminalizarlos.

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