21 de septiembre de 2018
21.09.2018
La Opinión de A Coruña
Reforma constitucional

El Gobierno pide al Consejo de Estado una propuesta para acabar con los aforamientos

El Ejecutivo evita definir la reforma, pero asegura su "voluntad política" de incluir los delitos de corrupción

21.09.2018 | 08:51
El Gobierno pide al Consejo de Estado una propuesta para acabar con los aforamientos

El Gobierno ha dado inicio este viernes al proceso de reforma constitucional para eliminar los aforamientos con un encargo al Consejo de Estado para que elabore una propuesta a este respecto, que se centrará exclusivamente en los miembros del Gobierno y los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.

La reforma, anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no abordará, por tanto, la cuestión de la inviolabilidad del Rey, ya que solo afectará a los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, según ha acordado el Consejo de Ministros.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha explicado que el objetivo es "reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público", y que la intervención del Consejo de Estado asegura la calidad normativa de la reforma y favorece "el logro del consenso" para aprobarla.

Así, el Gobierno aún tendrá que aprobar el proyecto de la reforma constitucional tras recibir el informe del Consejo de Estado y será entonces cuando lo remita al Congreso para que pueda ser aprobada en un plazo de sesenta días, según calcula, "si hay voluntad de acuerdo" por parte de las fuerzas políticas.

Los artículos que se modificarán son el 71.3, en el que se establece que "en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", y el 102.1, que recoge que "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso" ante la misma sala.

Delitos de corrupción


Por lo que respecta a los delitos de corrupción que se puedan cometer durante el ejercicio del cargo, Celaá ha asegurado que "sí, obviamente" se deben sacar este tipo de delitos del aforamiento y que esa es "la voluntad política" que tiene el Ejecutivo.

En todo caso, la reforma constitucional marcará la supresión del aforamiento pero será la ley después la que "aborde las cuestiones procesales" vinculadas a la nueva redacción de la Constitución, ha explicado la portavoz del Gobierno.

Para Celaá las distintos grupos parlamentarios no deberían tener "a priori" ningún veto a esta medida, ya que existe una "gran demanda social" para eliminar los aforamientos y se ha producido también un acuerdo político "genérico" en el Parlamento para restringir esta figura.

Según ha manifestado, se trata de que el aforamiento deje de ser "un privilegio" y sirva exclusivamente para garantizar el ejercicio de la labor constitucional de los parlamentarios y miembros del Ejecutivo.

La reacción por parte de los partidos políticos ha sido, en general, crítica con este proceso. Empezando por Ciudadanos, que advierte de que los delitos de corrupción no deben formar parte del aforamiento y recuerda que la moción que se aprobó el martes en el Congreso fue para eliminar ese "privilegio" ante cualquier delito.

"Eso es lo que se votó, y cualquier otra iniciativa que tome el Gobierno será un fraude a esa votación", ha dicho el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, sobre la iniciativa de su grupo que salió adelante con el apoyo de PSOE y PP.

El PP ve "una cortina de humo"


Para el PP, la propuesta de reforma de Sánchez es solo una "cortina de humo", ha reiterado su secretario general, Teodoro García Egea.

Los populares ya han manifestado esta semana que la reforma constitucional debería abordar otras cuestiones más prioritarias, como derogar la disposición transitoria cuarta sobre la incorporación de Navarra al País Vasco.

Pero Celaá ya ha dejado claro que la reforma es solo para modificar el régimen de aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno, sin incluir otras cuestiones, como cambiar la palabra "disminuido" del texto constitucional por "persona con discapacidad", lo que no está previsto en esta modificación.

Tampoco ninguna variación en la inviolabilidad del rey, cuya supresión han demandado Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, y que requeriría un procedimiento agravado, que supone disolver las Cortes.

Unidos Podemos también considera que si se inicia una reforma de la Constitución debe ser "en serio" para abordar otras cuestiones como las políticas sociales, según ha asegurado en una entrevista con Efe el diputado Íñigo Errejón.

Otra de las peticiones de la formación morada es que cualquier modificación de la Carta Magna conlleve un referéndum.

Celaá ha recordado que la reforma constitucional que inicia ahora el Gobierno es un procedimiento ordinario, aunque sí podría convocarse un referéndum si lo solicitase un diez por ciento de los diputados de la Cámara Baja.

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