23 de noviembre de 2018
23.11.2018
La Opinión de A Coruña

El Congreso reprueba a la titular de Justicia a los dos meses de hacerlo el Senado

La votación sale adelante por la abstención de ERC, en respuesta a la expulsión de Rufián

23.11.2018 | 02:20
Dolores Delgado.

La ministra de Justicia Dolores Delgado, se vio ayer reprobada por el Congreso, menos de dos meses después de haberlo sido por el Senado, y en la semana en que ha saltado por los aires el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- que llevaba meses negociando con el Partido Popular, el partido que impulsó las dos reprobaciones, con el respaldo de Ciudadanos -C's-.

Sin embargo, la de ayer salió adelante gracias a la abstención de ERC y Bildu, dos de los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

La reacción de Esquerra

El desmarque de Esquerra, que, sin embargo, sí dio su apoyo la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez, se interpreta como una reacción a la expulsión de su diputado Gabriel Rufián tras la monumental bronca del miércoles en el Congreso durante la sesión de control al Ejecutivo.

Por su parte, el Partido Popular arremetió ayer con dureza contra Delgado, pero hasta que el juez Manuel Marchena, el candidato pactado con el PSOE, renunció el lunes a presidir el CGPJ, los populares negociaron con la Ministra sin que el hecho de haberla reprobado ya en el Senado fuera un escollo para trabajar por un acuerdo.

Contradicciones en el PP

Según el líder popular Pablo Casado, la causa "nuclear" de la ruptura del pacto son las "rivalidades" en el seno del Gobierno sobre el Consejo General del Poder Judicial. Para Casado, el Ejecutivo "hirió de muerte" el pacto cuando filtró el nombre de Marchena.

No obstante, los populares no lo dieron por finiquitado hasta que Marchena renunció al cargo reivindicando su independencia, lo que ocurrió después de que el portavos popular en el Senado Ignacio Cosidó enviara un whatsApp presumiendo de que el acuerdo con el PSOE permitiría controlar "desde detrás" la sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que juzgará, a partir de enero, los hechos de octubre de 2017 en Cataluña.

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