15 de febrero de 2019
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El Gobierno aprueba su reforma educativa sin tiempo para tramitarla en el Congreso

El texto debe pasar a la cámara, pero quedará suspendida una vez que se disuelvan las Cortes

15.02.2019 | 15:16
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de educación defendido por la ministra Isabel Celaá, con el que se pretende derogar la Lomce, aunque ha reconocido que "no parece muy posible que se llegue a tiempo" para su tramitación parlamentaria tras el anuncio de elecciones.

El texto debe pasar ahora al Congreso, pero su tramitación quedará suspendida una vez que el 5 de marzo se disuelvan las Cortes ante la convocatoria electoral anunciada para el 28 de abril.

Celaá ha explicado que el Ejecutivo ha decidido aprobar en este momento el proyecto "por respeto a todas las personas que han venido trabajando y respaldando la ley" y que no se ha pedido ni se ha tenido que esperar a un dictamen del Consejo de Estado porque no es preceptivo.

Ha hecho un extenso argumentario para criticar la Lomce y destacar por el contrario los beneficios de la denominada Lomloe (Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2006, que deroga a su vez la Lomce de 2013).

La ministra ha enfatizado: es un texto "progresista para una educación del siglo XXI".

"Conecta plenamente con las corrientes contemporáneas de la UE y la Unesco, aborda los objetivos planteados en la Agenda 2030 y parte de la base de que nadie se quede atrás y que todos los talentos deben ser tratados en la escuela con éxito", ha continuado.

Para Celaá, la Lomce "vino a interrumpir el equilibrio en el sistema" y provocó, por ejemplo, un descenso de tres puntos en el número de graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de dos puntos en el Bachillerato.

Ha asegurado que el texto aprobado este viernes es el resultado de un amplio proceso de participación, con más de 43.000 correos electrónicos, Conferencia Sectorial, aportaciones de todas las comunidades -excepto de las del PP, ha recalcado la ministra-, de consejos escolares autonómicos, de varios ministerios y de un centenar de asociaciones y organizaciones.

Según la ministra, la Lomloe busca garantizar asimismo la continuidad de los recursos "más allá de cambios políticos y turbulencias".

La nueva norma se sustenta en cinco pilares: enfoque de derechos de la infancia; igualdad de género a través de la coeducación; personalización del aprendizaje; el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el cambio digital.
Entre los principales puntos de la nueva ley -según una nota del Ministerio de Educación- se encuentra la apuesta por la educación de 0 a 3 años, ya que se regularán los requisitos de titulación de sus profesionales y los de los centros que impartan este ciclo.

Se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media de acceso a la universidad o para becas.

Todos los estudiantes de Primaria y ESO cursarán una materia de Educación en valores cívicos y éticos.

Habrá evaluaciones de diagnóstico para cuarto de Primaria y segundo de la ESO, pero se impide utilizar estos resultados para hacer clasificaciones de centros.

Se eliminan definitivamente las pruebas de final de etapa de la Lomce pero habrá de diagnóstico al finalizar Primaria y la ESO.

Desaparecen los itinerarios de cuarto de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en Secundaria.

En Bachillerato se prevé la posibilidad de obtener el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una y se recupera la anterior Prueba de Acceso a la Universidad.

Para la obtención y el mantenimiento de unidades concertadas se priorizará a los que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por género u orientación sexual.

Aquellos centros que separen por sexo a su alumnado deberán justificar las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad.

Celaá ha recalcado que el proyecto es "estrictamente constitucional" en cuanto al castellano y las lenguas cooficiales.

En el texto se fija que las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.

En cuanto al contenido curricular, el 55 % será competencia del Estado en las comunidades con dos lenguas oficiales y un 65 % será competencia del Estado en las comunidades con una lengua oficial.

Los alumnos que superen un ciclo formativo de Formación Profesional de grado básico recibirán el título de graduado en ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria.

La ley contempla un plan de incremento del gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del PIB; y quiere también garantizar la atención a los alumnos de la escuela rural e insular.

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