18 de febrero de 2019
18.02.2019
Caso Villarejo

La AN ordena reabrir la investigación sobre el espionaje de Villarejo a un despacho de abogados

Revoca el archivo de la pieza Iron del caso Tándem corrigiendo la decisión del anterior instructor, Diego de Egea

18.02.2019 | 16:58
El comisario José Manuel Villarejo.

La Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la pieza Iron del caso Tándem -sobre un encargo de un bufete de abogados al excomisario José Villarejo-, corrigiendo la decisión del anterior instructor Diego de Egea como ha sucedido en otras dos piezas: Land y la que afecta al excomisario de Barajas Carlos Salamanca.

El actual instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, deberá reabrir ahora esta causa para 4 investigados en esta pieza: Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados, así como para María Ángeles Moreno, directora del departamento de marcas externas del bufete, han informado a Efe fuentes jurídicas.

En la pieza Iron se investiga el supuesto encargo del bufete Herrero y Asociados al excomisario para investigar a un despacho rival -Balder IP Law- y en ella solo permanecían imputados Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo.

En el auto por el que se reactiva esta investigación, al admitir el recurso de la Fiscalía contra el archivo, la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional enumera numerosos indicios contra los responsables del despacho.

Entre esas pruebas, la Sala destaca las conversaciones que mantuvieron con Villarejo y en las que éste les llegó a comentar, sobre la investigación de las cuentas de Balder, que los del BBVA, "con los que normalmente tenía buenas relaciones, estaban un poco reticentes, pero que iban a sortear "esas salvedades".

Otros indicios que revela la Sala son un intento de ataque informático al servidor del bufete rival y la plasmación de un acuerdo económico entre Herrero y Asociados y Cenyt, la empresa de espionaje de Villarejo.

También obran en la causa las grabaciones de las reuniones entre los investigados y en las que Villarejo explica que tiene acceso, a través de terceros, a cuentas bancarias, información de la Seguridad Social o tráfico de llamadas.

Hay además un documento llamado BalderBBVA, en el que figuran determinados movimientos bancarios del despacho espiado, y otro con una serie de requirimientos dirigidos a BIG, identificado como el excomisario Enrique García Castaño, relativos a los movimientos de cuentas de Balder.

En otro documento, llamado BIG2, se citan numeros de teléfono de responsables de Balder, y en el registro que se hizo en el despacho de Herrero y Asociados se encontraron facturas de pagos diversificados a Cenyt "para garantizar la opacidad del procedimiento".

En las conversaciones que los directivos de Herrero mantuvieron con Villarejo, el excomisario le dice a uno de ellos, Álvaro Martínez, "tú sabe que esto es más ilegal que una patata"-

También hablan de que la persona que están seduciendo para que les cuente cosas de Balder "cuesta una pasta" porque la gente "se la juega y a cambio hay que untarlos" y Villarejo explica que para saber si una persona está "limpia", le vale con su "móvil, nombre y dos apellidos".

Todos estos elementos obligan a mantener abierta la investigación, si bien la Sala contempla posibilidad de que el encargo a Villarejo, del que los investigados dijeron desconocer que fuera comisario, pudiera obedecer a la "desconfianza" que generó la constitución de Balder, bufete al que se fueron añadiendo socios de Herrero.

En cuanto al ataque informático al servidor de Balder, la Sala recoge también la versión de que lo que realmente hubo fue un control del servidor de Herrero por parte de Balder, que habrían hecho una copia espejo para meterla como señuelo informático en el sistema de Herrero, "con la finalidad de seguirle el rastro para ver si terminaba en el sistema de Balder".

Para archivar la investigación con respecto a esos cuatro directivos, el magistrado De Egea argumentó que no había indicios de su participación en los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho que les atribuye la Fiscalía.

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