06 de marzo de 2019
06.03.2019

Ventajismo

06.03.2019 | 01:29
Ventajismo

La precampaña, inicio de tres meses de movilización permanente, es ya incontenible, tanto que en sus aguas procelosas se hunden a la primera quienes tienen en desuso las armas del encontronazo continuo a que ahora se reduce la vida pública. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, perdió los papeles institucionales para zambullirse de lleno en la primera de las refriegas al acusar al Gobierno de instrumentalizar las instituciones en su beneficio. Los "viernes sociales" que anuncia el presidente Sánchez serán la apoteosis de la excepcionalidad, con la normalización de legislar a través del decreto ley, una fórmula reservada para situaciones extraordinarias. Será legal, pero resulta un abuso evidente, que sólo se explica por el afán de Sánchez de apurar hasta el final un mandato de extrema brevedad y aprovechar el gran escaparate electoral que constituye el Gobierno.

Por ser quien es y a la vista de su comportamiento en el pasado reciente, sin embargo, la crítica de Pastor pierde consistencia y queda reducida a una declaración circunstancial, consecuencia de la condición opositora en que ahora se encuentra el PP. No existe detrás de las palabras de la que todavía es la tercera autoridad del Estado preocupación por la perversión de transformar en habitual lo extraordinario, sólo es el malestar de que otro domine los resortes que hasta hace pocos meses el PP controlaba en su beneficio.

Perdida la mayoría absoluta, el Gobierno de Rajoy intentó sortear por distintos procedimientos el incordio de un Congreso en contra. Primero fue la negativa a someterse al control parlamentario. Durante los diez meses que estuvo en funciones eludió someterse a la Cámara con el argumento de que un Ejecutivo no está obligado a ello cuando se encuentra en esa situación de interinidad. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional establece que esa negativa "menoscabó la atribución" de control que tienen las Cortes. Privar al Congreso de su función primordial "afectaría al equilibrio de poderes" puesto que ese cometido es "consustancial a la forma de gobierno parlamentaria", apunta el Tribunal, cuyo tardío pronunciamiento sólo sirve ya para evitar que la situación vuelva a repetirse.

Con la legislatura ya en marcha, el Ejecutivo de Rajoy recurrió, desde 2017 hasta su caída en junio pasado, en medio centenar de ocasiones al artículo 134 de la Constitución, que permite al Ejecutivo arrumbar cualquier propuesta que derive en una alteración de los Presupuestos en vigor. Cuatro veces falló el Constitucional contra el abuso de ese mecanismo de veto, y en todas ellas coincide en que la argumentación del Ejecutivo para desarmar las iniciativas de la oposición carecía de una fundamentación objetiva. Con esos vetos "se ha vulnerado el derecho de los parlamentarios a ejercer las funciones representativas" y "el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes". ¿No estaría la presidenta del Congreso obligada a garantizar esos derechos de los parlamentarios? Las sentencias sobre esos rechazos establecen la connivencia entre el Gobierno y la Mesa del Congreso, que aceptó el veto sin requerir al Ejecutivo explicaciones detalladas sobre el supuesto impacto presupuestario de las medidas que se bloqueaban.

Al PP no le inquieta la calidad democrática de las instituciones cuando goza de la superioridad que le proporciona su dominio. Las críticas al ventajismo, y ese es un mal que no distingue ideologías, siempre proceden de quien no puede beneficiarse de llevar al límite las normas e incluso las vulnera a sabiendas de que cuando ello quede evidencia ya no habrá enmienda posible. Ana Pastor no es, por ello, la voz más apropiada para denunciar el uso partidista de las instituciones, sobremanera si el PP pretende que la suya sea una oposición coherente, la más dañina para cualquier Gobierno.

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