El capitán de la Marina Pedro Buil Armengol desmontó la tesis aportada por el acusado Josep Rull para denegar el atraque del buque Moby Dada en el puerto de Palamós (Gerona). Según el testigo, "no había impedimentos" para que lo hiciera. El ferry, conocido como Piolín, alojó a policías y guardias civiles enviados para reforzar el dispositivo de seguridad del 1-O.

El práctico del puerto de Palamós remitió una carta al instructor de la causa Pablo Llarena, porque le había parecido "deleznable" que el exconsejero de Territorio afirmase en una entrevista que fue la Capitanía Marítima la que no permitió el atraque.

Aunque el testigo dijo que, en este punto, la declaración de Rull ante el Supremo era "correcta", puntualizó que el buque sí podía haber atracado en Palamós, pese a que había escalas de otros cruceros: "Comprobé las esloras y cabía".

Rull justificó que no se permitiera el atraque "porque los servicios estaban comprometidos", el puerto de Palamós es "pequeño" y el muelle comercial estaba "ocupado" para los últimos días de septiembre. "Hemos tenido el puerto ocupado con mayor eslora", le contradijo el testigo. "Con los cruceros previstos no había impedimento ninguno".

Para justificar la denegación del permiso, Rull adujo que no se solicitó el atraque del Moby Dada como "buque de Estado", ni se les dijo que era para alojar policías, sino para reparar camarotes. El testigo reconoció que ignora el trámite que usó el responsable del buque para gestionar el amarre.

El publicista Ferran Burriel, director de la agencia Nothingad, admitió en la sesión de la tarde -en la que declararon siete testigos- que renunció a cobrar una campaña que realizó para la Generalitat en marzo de 2017, relativa al registro de catalanes en el exterior.

"¿Ochenta mil euros, tirados?", le inquirió el fiscal Jaime Moreno. "Pues yo 80.000 euros no los tengo todos los días, si los pierdo me da algo", ironizó. El testigo contestó afirmativamente y subiendo los hombros, para añadir después, también a preguntas del Ministerio Público, que su empresa sigue trabajando para el Govern.

Otro testigo, el empresario Joaquim Franquesa, contó que la Generalitat de Cataluña le prometió a él y a Vicenç Nos -en una reunión con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Marta Rovira para ofrecerles un sistema de votación electrónica para el 1-O, que no fructificó- que un tercero les pagaría el servicio porque tenían las cuentas bloqueadas. "¿Quién era esa tercera parte? Eso ya no lo sé", dijo el testigo.

También realizó su testimonio Teresa Guix, una diseñadora gráfica que que se encargó de realizar la web Pacte pel referèndum, que afirmó que emitió una factura en mayo de 2017 a la Generalitat por 2.700 euros, pero que, tras ser citada por la Guardia Civil, remitió una factura negativa porque pensó que "era mejor anularla" por "prudencia" y para "no tener ningún problema".