19 de marzo de 2019
19.03.2019
La Opinión de A Coruña

La Junta Electoral exige a Torra retirar los lazos en 24 horas o cometerá delito

Una jueza niega "excesos" de la Guardia Civil en las cargas del 1-O en una localidad de Barcelona y critica la resistencia "activa" de los votantes

19.03.2019 | 01:06
Joaquim Torra.

La Junta Electoral Central -JEC- dio ayer al president de la Generalitat Joaquim Torra un plazo extra de 24 horas para retirar los lazos amarillos y las banderas estelades -independentistas- de los edificios públicos; de lo contrario, advierte, puede incurrir en responsabilidades penales.

La JEC da a Torra este ultimátum al tiempo que desestima el recurso que presentó el pasado jueves para sustraerse a una orden anterior del mismo órgano alegando dificultades "técnicas" y pidiendo una "reconsideración".

En su recurso, Torra afirmaba, por un lado, que hay "centenares" de edificios públicos que no son propiedad de la Generalitat o no están gestionados por ella y, por el otro, que "hay miles de funcionarios que legítimamente expresan también su protesta y su rechazo a la situación de esta cárcel y de este exilio injustos poniendo lazos amarillos en sus puestos de trabajo". La JEC desestima los argumentos del president y, además, emplaza a la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera, a que le informe de si Torra cumple el ultimátum, "al efecto de deducir, en su caso, las responsabilidades en las que se haya podido incurrir por no hacerlo".

Para Torra, las estelades, representan "un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta", tal como resolvió el Parlament en su día, pero la JEC le recuerda que en 2015 estableció que estas banderas "simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella".

La Junta Electoral está de acuerdo en que es un símbolo "legítimo" que pueden usar los partidos en su propaganda electoral, al igual que pueden usar los lazos amarillos, pero no los poderes y autoridades públicas. Y, aparte, advierte que no se puede invocar una resolución parlamentaria, aunque haya sido aprobada mayoritariamente, frente a lo que dice un precepto legal constitucional.

Fuentes del entorno de Torra adelantaron que el president agotará el nuevo plazo y responderá hoy a la JEC.

Entre tanto, una jueza de Manresa archivó una denuncia contra la Guardia Civil por las cargas del 1-O en Castellgalí (Barcelona), saldadas con 16 heridos leves, al juzgar que no hubo "exceso policial" sino que los agentes emplearon la "fuerza mínima imprescindible". La jueza, en cambio, critica la actitud de resistencia "activa" de los 200 concentrados en la escuela de la localidad que "no puede calificarse en modo alguno de inocuo en términos jurídicos", ni se trataba de un "mero comportamiento pasivo".

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