12 de abril de 2019
12.04.2019

El "fantasma" de la recentralización contamina el debate político gallego

12.04.2019 | 00:54

La cuestión territorial impregna el debate político a nivel nacional, pero también a nivel autonómico. La llegada de Pablo Casado al primer despacho de la calle Génova y el ascenso de Vox, empeñado en capitalizar el descontento por la cuestión catalana, han introducido una corriente a favor de devolver competencias al Estado prácticamente inédita en las últimas décadas.

En Galicia, la polémica más reciente remite a la diferencia entre "transferencias constitucionales" y transferencias "para romper España" trazada por Feijóo el pasado miércoles, a raíz del traspaso de la AP-9. Pero una de las que más fuerza cobró fue la que ponía en duda la necesidad de acreditar el conocimiento del gallego para acceder a un puesto en la función pública. Todo se inició con la propuesta del PP de obligar a que el castellano sea vehicular en la administración y a garantizar que las lenguas cooficiales, en lugar de ser un "requisito excluyente", sean un "mérito" para ser funcionario. Pese a que en un primer momento la Xunta aseguró que la ley iba dirigida a las comunidades gobernadas por el nacionalismo, en más de una ocasión Alberto Núñez Feijóo fue cuestionado, dentro y fuera de Galicia, por si avalaba la iniciativa de Casado. Su respuesta habitual es que, en el caso concreto de la sanidad, el gallego es un factor que computa pero no excluye a quienes quieran optar a una plaza en el Sergas.

No era la primera vez que el presidente del Ejecutivo autonómico tenía que dar explicaciones por una iniciativa del líder de su partido. El pasado noviembre, Casado planteó una reforma para recentralizar las competencias educativas, relegando el papel de las autonomías a la provisión de profesores, mientras el Estado se encargaría de la convocatoria de una selectividad común o la implantación del modelo MIR en el profesorado. Desde la Xunta, Feijóo aseguró simplemente que Galicia seguiría ejerciendo "con lealtad" las competencias asignadas en el Estatuto de Autonomía y la Constitución.

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