Carlos García Juliá, condenado por la matanza de Atocha de 1977 y detenido en Brasil en diciembre, se niega a ser extraditado a España alegando prescripción de delito. La Audiencia Nacional estima que "tanto si se considera como fecha de interrupción (de cumplimiento de condena de 43 años) el auto de revocación de la libertad condicional", en 1996, "como su declaración de firmeza", en 2000, no ha expirado el plazo.