28 de abril de 2019
28.04.2019
La Opinión de A Coruña
Tiempo de justicia (XI)

El juicio y la campaña

28.04.2019 | 00:05
El juicio y la campaña

Justicia y política, como agua y aceite, entran en contacto en el Estado de Derecho sin mezclarse. Pueden recaer sobre un mismo objeto u ocupar idéntico espacio y tiempo, sin confusión de sus respectivas naturalezas. Por ello, durante la campaña electoral, el juicio sobre el procés ha continuado su desarrollo, de forma jurídicamente ejemplar, sin interferencia alguna proveniente de la reñida contienda entre los partidos políticos. Así ha sido pese a que el grave problema del golpe contra la democracia en Cataluña ejecutado por los secesionistas, unido a su constante desafío a la Constitución, haya ocupado „como era de esperar„ un lugar central en el debate entre los candidatos.

Es evidente que la propaganda indepe está ansiosa por minar la imagen de la judicatura española, por dos motivos: en coherencia con su discurso victimista de opresión al pueblo catalán por las instituciones estatales; y en previsión de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pueda declarar en su sentencia que los hechos objeto de enjuiciamiento constituyeron graves delitos y no actuaciones amparadas por el derecho internacional o meras chiquilladas merecedoras de ligera reprensión paternal. Pero no existe atisbo alguno de activismo político en los magistrados que forman el tribunal que pueda servir de mínimo fundamento a la fábula soberanista. En España el único movimiento que históricamente ha preconizado cierto activismo político de la judicatura fue el grupo que en los años setenta defendió el llamado "uso alternativo del derecho", herramienta más práctica que teórica, forjada en Italia en el ámbito del neomarxismo con el objetivo de avanzar en la lucha de clases y la imposición de la dictadura del proletariado, con el aprovechamiento de las lagunas y contradicciones del ordenamiento jurídico por parte de jueces comprometidos con la causa. Pero dicho movimiento, ya en Italia, pronto varió de rumbo y se orientó hacia una interpretación de las leyes conforme a la Constitución que dotara de eficacia a los postulados, tanto liberales como sociales, del Estado democrático y acabó confluyendo en el denominado garantismo, que enfatiza el valor de las aportaciones de la Ilustración a la justicia penal, resalta la importancia de la independencia judicial y „como inexcusable premisa metodológica„ mira con recelo al Poder Ejecutivo.

La desconfianza del garantismo frente al poder político es razonable. Cualquier brecha en el sistema debe ser cerrada para evitar que la jurisdicción sea invadida y usurpada por totalitarios u oportunistas que pretendan hacer depender la justicia de sus deseos. En los últimos tiempos, una posible fisura ha sido la potestad del Gobierno para conceder indultos, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condicionado, en una reciente jurisprudencia, para desterrar la arbitrariedad, al requisito de la motivación, a satisfacer mediante la expresión de las razones que justifican la extinción ejecutiva de la responsabilidad penal declarada por el Poder Judicial.

El indulto es una antiquísima institución, que desde la Ilustración se encuentra sometida a debate. Su justificación se halla en la necesaria existencia de una válvula de escape que permita realizar una excepción al rigorismo de la ley y su imposibilidad práctica de tomar en consideración la totalidad de las circunstancias que puedan concurrir en un caso concreto, cuando la ejecución de una sentencia resulte contradictoria con los valores superiores del ordenamiento o con el principio esencial de salvaguardia de la dignidad humana identificados por la Constitución. Los políticos que se han aventurado a recomendar el indulto de los golpistas si fueran condenados no han explicado en qué redundaría la concesión de tal medida de gracia en la defensa de la Constitución. Ni siquiera parece que se hayan planteado que, si la sanción se impusiera por el tribunal, impedir con el indulto los efectos de prevención general y especial de la pena „para evitar que sigan produciéndose en lo sucesivo las mismas infracciones„ supondría otorgar patente de corso a los destructores de la convivencia entre los españoles para que prosigan en su deriva insensata. Deberían reflexionar.

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