Votantes del referéndum del 1 de octubre en Cataluña „1-O„ que declararon ayer durante la 38ª. jornada del juicio del procés como testigos de las defensas se presentaron ante el tribunal como gente de paz que ni insultó ni amenazó a los policías, pero denunciaron que estos les "apalearon" y les "abrieron las cabezas" por ejercer "su derecho a la protesta y al voto" en un referéndum que reconocieron que todos sabían que estaba prohibido.

"Violencia explícita"

Estos testigos juzgan "ejemplar" el comportamiento de los votantes cuando, a primera hora, policías y guardias civiles se personaron en puntos de votación como el colegio Nostra Llar de Sabadell (Barcelona) y el Pabellón Firal de San Carles de la Rapita (Tarragona).

Los participantes en la votación no se esperaban una respuesta policial que, segun sus testimonios, consistió en golpear a los ciudadanos sin mediar ningún tipo de palabra. "La Guardia Civil, sin aviso y sin decir nada, entró a saco a sacarnos", dijo un testigo sobre lo que vivió en la ciudad tarraconense el 1-O.

También en ese municipio se encontraba el edil Albert Salvadó, investigado tras una denuncia de los Mossos d'Esquadra por su actuación durante el 1 de octubre, que condenó la "violencia explícita" de la Guardia Civil contra sus vecinos y familiares, a quienes citó por su nombre. "Al amigo Agustí lo vi salir con la cabeza ensangrentada", afirmó.

Versiones contrapuestas

Y recordó a "López siendo apaleado sin ningún tipo de justificación con las manos en algo". "Vinieron a por nosotros", añadió.

El segundo teniente de alcalde de Sabadell, Juli Fernández, se quejó de que la Policía "arrastrase" a la gente "como si fueran maletas". A él le "dieron un par de patadas en la espalda".

Se trata de un relato que contrasta con el de varios agentes, que denunciaron semanas atrás que les insultaron, les tiraron monedas, botellas de plástico y piedras "que no caben en una mano". Un hecho que ningún testigo reconoció haber visto, aunque a algunos se lo contaron.

Llamada desde Sanidad

También Jordi Salvador y Laura Castel, que eran diputado y senadora de ERC en octubre de 2017 y que y revalidaron sus escaños en las elecciones del pasado domingo 28 de abril, condenaron las cargas "desproporcionadas" y la "violencia extrema" de la Policía.

El exdirector del Servicio Catalán de Salud, David Elvira, relató que el secretario general de la Consejería le informó de que el entonces número dos de Sanidad José Javier Castrodeza llamó "interesándose por las atenciones, ofreciendo su colaboración". Elvira añadió que se le agradeció la comunicación pero que "estaban atendiendo" con sus recursos "las distintas incidencias" sin ningún problema y señaló que las personas asistidas por el servicio público catalán el 1-O fueron 991, a las que hay que sumar otras 75 atendidas entre el 2 y el 4 de octubre, entre ellos 13 agentes.