14 de mayo de 2019
14.05.2019

La causa contra el soberanismo | Jornada 43

Boya (CUP) declara que discutió con Sànchez porque quería desconvocar el 20-S

Cargos del Govern niegan gasto de dinero público en los preparativos del referéndum

13.05.2019 | 23:43
Mireia Boya en la jornada 43 del juicio del 'procés'.

La exdiputada de la CUP en el Parlament de Cataluña Mireia Boya, citada como testigo de la defensa en el juicio del procés, le echó ayer un cable al acusado Jordi Sànchez al asegurar que el 20-S el ahora diputado electo y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, querían desconvocar la movilización, como al final hicieron, mientras que ella y la entonces también diputada cupera Eulàlia Reguant estaban en desacuerdo. "Recuerdo que discutí con Jordi Sànchez por esto, porque yo no estaba de acuerdo en desconvocar". A juicio de la testigo, Sànchez y Cuixart "estaban convencidos de que había que desconvocar la manifestación. Nosotras dijimos que no éramos nadie para desconvocar, que no teníamos esa potestad", rememoró Boya.

"Un buen atril"

Y relató asimismo que antes de este desacuerdo Sànchez y Cuixart les pidieron que se dirigieran a los "jóvenes más entusiastas" para dejarles claro que la protesta debía ser pacífica.

Entonces se subieron a los vehículos de la Guardia Civil que estaban aparcados delante de Economía, en la creencia de que serían "un buen atril" para que les vieran, dada su "estatura".

"Sé que a muchos de vosotros os encantaría estar encima de un Patrol de la Guardia Civil. Yo tengo la suerte de poderlo hacer, pero lo hago para recordaros que estamos ejerciendo nuestro derecho a protesta y siempre tenemos que hacerlo desde la no violencia", dijo entonces "en plan humorístico", explicó al tribunal que juzga el proceso secesionista.

En una jornada con testificales que han versado sobre asuntos bien diversos, dos altos cargos de la Generalitat catalana negaron la existencia de contratos públicos para el referéndum del 1-O.

Sin contrato formal

El exdirector del gabinete jurídico de la Generalitat y la directora general de Contratación, Francesc Esteve y Mercé Corretja, respectivamente, respaldaron la versión de algunos de los acusados en cuanto a la ausencia de partidas públicas para la organización de la consulta. "No existe contrato formal específico para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura pendiente", dijo Esteve.

También declaró en la jornada 43 el diputado electo por En Comú Podem, Jaume Asens, entonces teniente de alcalde de Barcelona, que defendió el 1-O como una movilización "sin efectos jurídicos" para protestar contra un "abuso de poder".

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