22 de mayo de 2019
22.05.2019

Juicio del 'procés'

Juicio del 'procés': Los peritos sostienen que el 1-O hubo malversación

Rebaten la estrategia de las defensas y consideran que el referéndum sí afectó al erario público

22.05.2019 | 08:38
El tribunal que juzga el juicio del 'procés'

Cuatro peritos de Hacienda han apuntalado la acusación de malversación al ver irrelevante que la Generalitat pagara o no los encargos del 1-O, ya que el perjuicio a las arcas públicas, de al menos 917.000 euros, se generó porque se prestaron servicios que inexorablemente conllevaron un compromiso de pago.

La prueba pericial en el juicio del "procés" ha arrancado este miércoles con cuatro funcionarias de Hacienda, que han rebatido la estrategia de las defensas que gira en torno a que el 1-O no comportó "ningún perjuicio" en el erario público, ya que todas las facturas fueron rechazadas y, por tanto, los empresarios no cobraron jamás.

Lo han hecho desde un examen contable y normativo de todos los movimientos de la Generalitat vinculados con la logística del 1-O que deja tocados a los acusados, especialmente a Jordi Turull y Raül Romeva, cuya seriedad de hoy contrasta con la imagen alegre de estos días en el Senado y el Congreso, ya que la mayoría de los acusaciones ponen el foco en sus departamentos.

En su opinión, es intrascendente que un encargo se haya pagado o no para determinar una presunta malversación, ya que la deuda de la administración catalana aparece cuando se realiza el trabajo.

De manera tajante ha dicho una de ellas: "La obligación de pago existe en el momento en que existe un encargo del servicio, prestación del servicio y buena fe del contratista. Entendemos que el gasto está realizado independientemente de que haya estado no pagado".

Incluso, han continuado, aunque no se hayan cumplido los trámites administrativos -como así sostienen las defensas en partidas concretas- eso no dispensa a la Generalitat si el empresario puede acreditar un trabajo que le ha generado costes.

Dicho de otro modo, los trabajos que las empresas realizaron para el referéndum a petición de la Generalitat produjeron un gasto público independientemente de que la administración catalana renunciara a pagarles o de la existencia de facturas en negativo.

Eso sucede con el caso de los anuncios de las vías del tren que emitió la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que remitió dos facturas de 112.747 y 223.396 euros rechazadas por Presidencia al considerar esos servicios "gratuitos".

Pero las peritos entienden que "ha habido una utilización de los medios públicos" para promocionar actividades prohibidas por los tribunales y eso "justifica el perjuicio patrimonial", porque "los servicios públicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o lo pagan los ciudadanos". Esas facturas no las remitió la interventora general de la Generalitat a Hacienda.

Caso distinto es el de Unipost, clave para las acusaciones. Las peritos apenas han entrado en detalles porque cuando elaboraron su análisis en febrero de 2018, todavía no se contaba con toda la documentación de esta empresa relativa al 1-O.

Es por ello que han cifrado la malversación en al menos 917.648 euros impuesto excluidos, entre gastos de los anuncios de las vías, pagos de Diplocat a presuntos observadores del 1-O, la campaña de catalanes en el exterior o un anuncio de una conferencia en el Parlamento Europeo, entre otros.

Una cantidad que supera holgadamente los 250.000 euros que conlleva el tipo agravado y ello sin añadir el casi millón de euros de Unipost ni los gastos por el uso de los colegios, que les imputan las acusaciones.

El tribunal también ha asistido a una lección sobre la desobediencia civil de la mano de dos sociólogos solicitados por el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, que han negado que hubiese una "escalada de violencia" en Cataluña más allá de agresiones "puntuales" fruto de una "falta de disciplina no violenta" y siempre en respuesta a la acción policial el 1-O.

Han calificado el 20S como un "acto de protesta y persuasión" en el que Cuixart siempre apeló a la "actitud pacífica" y en la que los daños a los vehículos de la Guardia Civil se produjeron por "pequeños actos" y también por esa "falta de disciplina".

"No tenía sentido cualquier acción violenta porque sería una falta de legitimidad (....) y pondría en riesgo la realización del referéndum", ha señalado uno.

Y del 1-O han dicho que los ciudadanos usaron tácticas como "la sentada colectiva" o el "tapiz humano" para "defender el proceso de votación y retrasar la intervención policial", y que el referéndum adquirió fuerza gracias a que estaba impulsado por el Govern.

Al margen de las periciales, varios testigos de las defensas han desvirtuado la relevancia de Carme Forcadell en las decisiones clave de aquel otoño, al dibujar un papel institucional durante el 20-S sin arengar a las masas ni tener idea de algunos tuits que se enviaban desde su cuenta, porque los escribía y mandaba un asesor.

Y han trazado un perfil independiente en su etapa al frente de la ANC para desarticular la pata social que representaban, según las acusaciones, las entidades Ómnium y ANC en la arquitectura del "procés", ya que esta última no tenía relación alguna con los partidos y marcaba su propia hoja de ruta.

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