25 de mayo de 2019
25.05.2019
La Opinión de A Coruña

Los diputados presos, suspendidos sin aclarar cómo repercute en la investidura

PP y Ciudadanos rechazan rebajar a 174 votos, dos menos que ahora, la mayoría absoluta tras resultar privados de su representación los cuatro parlamentarios

24.05.2019 | 23:31
Meritxell Batet explica la decisión adoptada por la Mesa del Congreso.

La Mesa del Congreso suspendió ayer a los cuatro diputados en prisión preventiva por su participación en el proceso secesionista catalán. Unidas Podemos no respaldó la decisión, que tenía el informe favorable de los letrados de la Cámara, y marcó sus primeras distancias con el PSOE, que apoyó la decisión junto con el PP y Ciudadanos (C's). Ahora falta por determinar el modo en que la suspensión altera las mayorías del Congreso y si la medida facilitará que Pedro Sánchez pueda conseguir la investidura al primer intento con 174 votos en lugar de los 176 en los que ahora está fijada la mayoría absoluta. PP y C's se oponen.

La suspensión resultaba inevitable, aunque hubiera discrepancias sobre la cobertura jurídica de la medida. Después de un tira y afloja entre la Sala del Supremo que juzga a los líderes independentistas y la Mesa del Congreso sobre a quién correspondía la decisión podría decirse que la solución es mixta: resolvió el órgano que rige la vida parlamentaria, pero no en base a su reglamento sino al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), como la Mesa y la Ficalía pretendía que lo hiciera el Supremo. El informe de los letrados del Congreso, solicitado por la presidenta Meritxell Batet entre críticas de PP y C's, que defendían una suspensión inmediata, apunta a que el reglamento de la Cámara no ampararía la medida al faltar uno de los requisitos fijados, el de la petición del suplicatorio por el Supremo. El alto tribunal considera que esa petición es innecesaria dada la fase en que se encuentra el proceso que se sigue contra los diputados, con la vista oral a punto de terminar tras de 4 meses de sesiones. En ausencia de ese requerimiento, los servicios jurídicos de la Cámara sostienen que "debe entenderse de aplicación, también automática" el artículo 384 bis de la Lecrim, que prevé la suspensión de todo cargo público procesado por rebelión.

"Seguridad jurídica"

Batet defendió ayer que "en ningún caso una decisión de estas características debe tener carácter político o discrecional". Acordar la suspensión exigía la "mayor seguridad jurídica", por lo que entiende que requería el asesoramiento al que PP y C's se opusieron. Los letrados advierten en su informe que, tras "adoptar las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal", la Mesa tendrá que "fijar ahora los efectos" que se derivan de la suspensión. La Mesa tendrá que determinar el número de "miembros de derecho de la Cámara" durante el tiempo que dure la suspensión, a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta, además de sus implicaciones en la representación en los distintos órganos del Congreso. Tendrá que fijar, además, el umbral de la mayoría absoluta „176 diputados con todos los parlamentarios, 350, en plena condición como tales„, un aspecto determinante para la sesión de investidura. Como consecuencia de la suspensión, la mayoría absoluta, requisito para salir presidente al primer intento, podría reducirse a 174 votos. Batet fue elegida presidenta del Congreso con 175 votos, los que suman PSOE, Podemos, PNV, Coalición Canaria, Compromís y el Partido regionalista de Cantabria.

PP y C's se oponen a que la Mesa rebaje la mayoría absoluta. Teodoro García Egea, secretario general de los populares, rechaza facilitar la investidura de Sánchez por "una carambola". José Manuel Villegas, de C's, asegura que si ERC y Junts quieren tener todos sus votos deberán relevar a los diputados suspendidos.

De nuevo serán los letrados del Congreso quienes orienten sobre una medida, la de la posible reducción de la mayoría absoluta, que ya se adoptó en la investidura de Felipe González en 1989, al no estar la Cámara al completo, por encontrarse 18 diputados pendientes de una resolución judicial. Otros 4, de Herri Batasuna, no pudieron acceder a su representación al acatar la Constitución "por imperativo legal". Un precedente que puede marcar ahora la tendencia.

Informe del Senado

El presidente de la Cámara Alta, Manuel Cruz, encargó un informe a los letrados del Senado para saber si se debe suspender como senador al representante de ERC Raül Romeva, en prisión provisional por su procesamiento en juicio del procés. Cruz solicitó el informe al letrado mayor el día 22, para pronunciarse sobre la suspensión de Romeva, según informó el Senado en un comunicado. La Mesa de la Cámara Alta se reunirá el miércoles y en esa sesión podría analizar el informe jurídico, además de acordar los grupos parlamentarios que va a haber en esta legislatura.

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