05 de junio de 2019
05.06.2019

El Supremo frena la exhumación de Franco, prevista para el lunes, hasta dictar sentencia

Polémica porque el auto afirma que fue "jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936"

04.06.2019 | 22:22
Acto en el 43º aniversario de la muerte de Franco, el pasado 20 de noviembre, en el Valle de los Caídos.

El Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad suspender los planes del Gobierno de exhumar el próximo lunes, día 10, los restos del dictador Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos. La suspensión se extenderá hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre los recursos presentados contra la exhumación y para evitar el "perjuicio irreversible" que se produciría si se acabase dando la razón a los recurrentes, entre los que figura la familia del general golpista.

La paralización era esperada, por lo que no ha causado reacciones destacables. No así un párrafo del auto en el que se alude a Franco como "jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento", que ha suscitado fuertes críticas de dirigentes políticos y usuarios de la redes sociales, por considerar que esta formulación legitima el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, consideró una "auténtica barbaridad" que el Supremo considere a Franco "jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936", fecha en la que la Junta de Defensa Nacional que detentaba el poder en la zona insurrecta nombró a Franco "jefe del Gobierno del Estado". Los críticos consideran que la calificación de Franco como jefe de Estado desde esa fecha ignora el hecho de que el entonces presidente de la II República, Manuel Azaña, siguió siéndolo hasta el 1 de abril de 1939.

"Quizá la cercanía de uno de los jueces a la Fundación Franco, en algunos de cuyos actos ha participado, explique esto", declaró Iglesias, en alusión a José Luis Requero, uno de los magistrados de la Sala, que ha sido cuestionado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por su "estrecha relación" con el abogado Santiago Milans del Bosch, colaborador de la Fundación Franco.

Similares críticas fueron vertidas por el coordinador general de IU, Alberto Garzón, así como por otros dirigentes de Podemos. Desde el PNV, su responsable de Política Institucional, Koldo Mediavilla, estimó que el Supremo "es incapaz de asumir la ilegalidad de una sublevación militar como la del año 36" y, en consecuencia, se preguntó por la legitimidad del Supremo para acusar de "rebelión" y "golpe de Estado" a los dirigentes independentistas catalanes.

Al margen de la polémica, la ministra de Defensa, Margarita Robles, consideró que ese tipo de suspensiones cautelares son "normalísimas" para evitar que se puedan causar perjuicios irreparables pero insistió en que "en ningún caso paraliza el procedimiento principal ni determina la decisión que pueda tomarse definitivamente".

Por su parte, la familia Franco se mostró satisfecha con la decisión. Su abogado, Luis Felipe Utrera Molina, consideró que la decisión "pone en su sitio" al Gobierno, al que acusó de haberse "movido más por razones políticas", con abandono del "rigor jurídico en su actuación". No obstante, el abogado de los Franco coincidió con el Ejecutivo en que el auto no prejuzga el fondo del asunto. La Fundación Francisco Franco celebró la decisión, que interpretó como un "varapalo" al Ejecutivo.

La voluntad del Gobierno era exhumar los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos e inhumarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde yacen los restos de su esposa, Carmen Polo. Esta localización fue asignada por el Gobierno ante el silencio de los familiares a la hora de señalar un emplazamiento alternativo a la cripta de la Catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid. Ese había sido el lugar designado por la familia Franco, pero fue rechazado por el Ejecutivo basándose en un informe de la delegación del Gobierno en Madrid que lo desaconsejaba por razones tanto de seguridad como de orden público.

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