La destrucción de los ordenadores en los que el extesorero Luis Bárcenas tenía registradas aportaciones encubiertas al partido sienta desde ayer en el banquillo al PP y a tres de sus empleados. Todos ellos están acusados del delito de daños informáticos, y sobre los trabajadores del partido pesa además la imputación de encubrimiento, de la que la organización se libra por tratarse de una persona jurídica.

Casi cinco años después del inicio del caso, en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid comenzó ayer la vista con las cuestiones previas, en las que las defensas intentaron rebatir la legitimidad de quienes actúan como acusación particular, cuando la Fiscalía no presenta cargos y el perjudicado no está personado en la causa, pese a que todo comenzó con una denuncia suya por el supuesto robo de los ordenadores.

El juez Eduardo Muñoz de Baena decidió que la vista prosiga y resolverá sobre las cuestiones planteadas por la defensas cuando dicte sentencia. El magistrado llamará a declarar a Bárcenas, quien, pese a estar encarcelado, deberá acudir a la sala y no podrá intervenir por videoconferencia.

Junto al PP, en el banquillo se sientan su extesorera Carmen Navarro, el que era responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán, y José Manuel Moreno, exdirector del sistema de informática. A Moreno se le atribuye la destrucción material de los discos duros, alguno de los cuales llegó a borrar hasta 35 veces . El PP alega que siguió sus protocolos en aplicación de la Ley de Protección de Datos, pero la jueza de instrucción dudó de su versión y decretó la apertura del juicio oral.

La Fiscalía pidió, también sin éxito, que las acusaciones populares pudieran mantener el delito de encubrimiento, pero no el de daños informáticos, que sólo afectaría a Bárcenas. Las acusaciones populares „ejercidas por IU, la Asociación Justicia y Sociedad, la Federación Los Verdes, Observatori Drets Humans y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa„ argumenta que ambos delitos están conectados. A su juicio, no se puede alegar que la víctima sea sólo un particular, ya que se generó un "daño gravísimo" a la administración de Justicia, que investigaba la supuesta contabilidad opaca del PP.