28 de junio de 2019
28.06.2019
Caso Lezo

Piden siete años de cárcel para dos exconsejeros de Gallardón por el caso Lezo

En el escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 6 y 7 años para 22 personas

28.06.2019 | 10:39
Ruiz-Gallardón acudiendo a declarar por la compra de Inassa.

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 7 años de cárcel por malversación a los exconsejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón Juan Bravo y Pedro Calvo por su responsabilidad en la adquisición supuestamente irregular en 2001 de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

En su escrito de acusación por esta pieza del caso Lezo, la Fiscalía pide penas de entre 6 y 7 años de prisión para 22 personas, entre ellas el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña Arturo Canalda, a quien solicita 7 años, y varios exconsejeros del Canal, que se enfrentan a la petición más baja, de 6 años.

Otros de los acusados por la Fiscalía son el ex director económico y de desarrollo comercial del Canal José Antonio de Cachavera (7 años) y el exdirector de Nuevos Negocios del Canal Pablo López de las Heras (7 años).

Según Anticorrupción, la compra del 75 % de Inassa, que fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se efectuó por 73 millones de dólares y con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros "con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores".

De los participantes en esa reunión del Ejecutivo madrileño, la Fiscalía solo cree responsables de malversación a Bravo (exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif) y Calvo (expresidente del Canal y exconsejero), puesto que ellos dos, como miembros del Consejo de Administración del Canal, habían estado presentes en las reuniones previas de la empresa pública en las que se expuso la operación.

"A diferencia del resto de los consejeros (Bravo y Calvo) emitieron su voto conociendo todos los detalles de la operación y los perjuicios económicos que se derivarían de la misma", detalla la Fiscalía para excluir así al resto de consejeros y al propio Ruiz-Gallardón.

Anticorrupción explica que la adquisición por parte del Canal del 75 % de Inassa (que tenía la concesión del alcantarillado de la localidad de Barranquilla) se hizo mediante una "sociedad vehículo", Canal Extensia, "estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta".

Eso es porque en la operación "lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 % de Inassa", y se hizo con "un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido al sobreprecio" que se pagó.

Los prolegómenos de esa operación fueron en el año 2000, cuando la empresa catalana Aguas de Barcelona (Agbar) vendió su participación de Inassa a SAA a instancias de cinco de los acusados, vinculados a Agbar, que se enfrentan a 6 años: Francisco Olmos, Francisco Javier Vilaplana, Esteban Palacios, Ángel Conde y Santiago García Benavides.

Esta sociedad SAA, dueña ya así del 75 % de Inassa y propiedad a su vez de estos cinco acusados y de socios colombianos de Inassa, fue luego comprada por el Canal con el sobreprecio explicado, con lo que se obtuvieron "cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales".

"Beneplácito de Canalda"


Por parte del Canal, la Fiscalía considera responsables del desvío a sus exdirectivos Cachavera y a López de las Heras, ya que "se dejaron convencer" para que "la venta se llevara a cabo mediante la interposición de una sociedad panameña".

Su actuación, añade, contó además "con el beneplácito" de Canalda como gerente del Canal, "quien, conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación -la interposición societaria y el sobreprecio-, desde el ámbito de sus competencias y su alta responsabilidad facilitó su tramitación".

También considera "esencial" para que se consumara la malversación la participación de los consejeros del Canal acusados: Ignacio López Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán (ex director general de la Comunidad de Madrid), Francisco Díaz Latorre (ex coordinador general del Ayuntamiento de Madrid), Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

Todos ellos, dice la Fiscalía, "otorgaron la autorización para la compra directa de Inassa en la sesión del consejo celebrada el 14 de noviembre de 2001, a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar".

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen al Canal con la cantidad supuestamente malversada, 19.066.500 euros, que podría variar cuando se celebre el juicio en la Audiencia Nacional y la Fiscalía exponga sus conclusiones.

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