10 de octubre de 2019
10.10.2019

El Tribunal Supremo reduce la pena a los ocho procesados por la agresión de Alsasua

Las condenas pasan de entre 2 y 13 años a entre 1 y medio y 9 años y medio de prisión

09.10.2019 | 22:16
Familiares de los condenados protestan contra la sentencia de la AN en marzo.

El Tribunal Supremo rebajó ayer las condenas por la agresión que sufrieron dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016. Así, las penas para los ocho acusados han pasado de estar entre 2 y 13 años de prisión a situarse entre 1 año y medio y 9 años y medio.

La reducción de las condenas a los ocho jóvenes procesados tiene su explicación en que el alto tribunal elimina la agravante de discriminación y la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad (que se mantiene en los de lesiones). Además, anula dos condenas por un delito de lesiones a Aratz Urrizola y otra por el mismo delito a Iñaki Abad por falta de pruebas.

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2016, cuando los dos guardias y sus parejas fueron increpados y agredidos en un bar por un grupo de 25 personas, que les rodeó y amenazó al grito de "os vamos a matar por ser guardias civiles". Hechos "execrables" que se produjeron "al constatar que eran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad", dice el Supremo, que entiende que esta circunstancia no es suficiente para aplicar la agravante de discriminación.

Siete de los acusados ingresaron en prisión y todos fueron a juicio acusados de delito de terrorismo, del que la Audiencia Nacional les absolvió al no apreciar esa finalidad en la agresión; como hizo después la Sala de Apelaciones, razón por la cual la Fiscalía desistió de recurrir este aspecto al Supremo.

No obstante, la aplicación de la agravante de discriminación ha enfrentado a los jueces del Supremo y dos de ellos han emitido un voto particular. La Sala sostiene que al condenar por atentado a la autoridad ya se ha tenido en cuenta que las víctimas eran guardias civiles y, por lo tanto, esta circunstancia no puede volver a valorarse para aplicar dicha agravante. Además, la pertenencia de las víctimas a la Guardia Civil no supone "la asunción de una ideología necesitada de especial protección".

Los discrepantes, Vicente Magro (ponente) y Antonio del Moral, defienden que debió aplicarse la agravante por representar la Guardia Civil una institución del Estado y estar basado el ataque en lo que representan las víctimas como miembros de esa institución.

La decisión del Supremo no satisfizo a nadie. Las asociaciones de guardias civiles criticaron la rebaja de penas, que, con todo, a la izquierda abertzale y a Podemos les sigue pareciendo "desproporcionada".

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