17 de octubre de 2019
17.10.2019
Catedrático de Derecho Administrativo

Ante el espejo de la opinión internacional

16.10.2019 | 23:09

No tenía intención de comentar la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre los líderes del referéndum inconstitucional del 1 de octubre de 2017, pero me parece muy significativo un dato que no he visto reflejado en los análisis publicados. La sentencia utiliza, sobre el asunto fundamental del delito de rebelión, prácticamente el mismo argumento que el tribunal alemán del Estado de Schleswig-Holstein cuando denegó en julio de 2018 la entrega de Puigdemont (a pesar de que el Tribunal Supremo, sin duda dolido por esa decisión, la critica como "la expresión de lo que puede acabar con el principal instrumento de cooperación judicial para preservar los valores de la Unión", página 158 de la sentencia).

Decía esa resolución judicial alemana que la conducta del político catalán cuya entrega se solicitaba desde España no podía ser considerada constitutiva de "alta traición" (lo más parecido a la rebelión en el código penal alemán) porque no estaba en absoluto probado "que las instituciones españolas no pudieran resistir la presión ejercitada con los acontecimientos del día de la votación". Tras reconocer que la pasividad de la policía autonómica hizo posible que en muchos lugares se votara, a pesar de la prohibición, el tribunal concluye que "la celebración del referéndum (a pesar de su inconstitucionalidad) no produciría por sí sola la secesión de Cataluña ni dejaría invalidado al Estado español (en ese territorio). Puede que algunos correligionarios del acusado vieran en ello un paso necesario hacia la independencia, pero el acusado sólo veía el inicio de una negociación" (página 13 del texto oficial).

La sentencia del Tribunal Supremo (pág. 274) considera probada "la disimulada certeza de los acusados, ocultada a la ciudadanía convocada, de que en ningún caso se accedería a la pretendida secesión territorial sin el asentimiento del Gobierno legítimo de (toda) España. Y de que su proclamación, sin este asentimiento, solo entraba en el plan de los acusados de una manera políticamente aparente, pero sin efectos jurídicos reales y apreciables". En definitiva, que lo que hicieron los acusados nunca habría podido producir el resultado de la independencia, salvo que a ello hubiese cooperado el Gobierno español accediendo a negociar.

Me parece oportuno traerlo a colación porque en este (no terminado) asunto resulta muy importante el juicio de la opinión internacional, es decir, la mirada de los otros. Es claro que el juego de los independentistas consiste en provocar una situación en la que el Gobierno no tenga otra salida que acceder a un referéndum o utilizar la fuerza de un modo que esa opinión internacional no toleraría (de ahí los intentos de parangonar la conducta del Estado español a la de China o Turquía). El Gobierno español, por su parte, ha invertido un capital político considerable en ganarse la adhesión internacional. Dicho en román paladino: esa adhesión de otros Gobiernos como el norteamericano es un favor que seguramente se ha pagado o se tendrá que pagar (ocasiones habrá). Claramente los independentistas piensan que si el apoyo popular a su causa sigue creciendo (aunque sólo sea por la sustitución de unas generaciones por otras), esa situación apetecida podría llegar en el futuro.

España no debe convertirse en un Estado antipático ni que parezca represor cuando no lo es. Se ha subrayado por muchos que el conflicto actual es el resultado de una auténtica "política de Estado", de nacionalización o nation building, emprendida hace décadas por el Gobierno catalán, con hitos explícitos como el famoso "Plan 2000" de Jordi Pujol. Como decía en estas páginas Pedro de Silva, los impulsores de esa política no plantaron flores, sino semillas de árboles que han tardado en crecer pero que ahora están ahí y no se pueden ignorar. Esa estrategia se podrá juzgar de muchas formas, pero no con el código penal. Por ahí no se puede ir más allá de lo que ha ido el Tribunal Supremo (y ojalá que no hubiera tenido que hacerlo).

Y, por último, en la opinión pública extranjera en general (y también en la de tribunales y órganos varios que han tenido que pronunciarse sobre este asunto) late la idea de que "aquí (en sus respectivos países) esto no habría pasado", es decir, que un conflicto similar, con una pretensión independentista tan extendida y apoyada por un gobierno tan poderoso como el catalán, no habría llegado a plantearse o, de ser planteada, seguramente habría sido canalizada de otra forma. Fuera de España seguramente se habría admitido, por ejemplo, que tuviésemos una organización estatal más centralista o con mayor homogeneidad en materia educativa, pero se entiende mucho menos una respuesta represiva a un movimiento independentista extendido. Las cargas policiales y los encarcelamientos son un caramelo publicitario para la causa independentista. Seguramente ha fallado en España, hace ya décadas, la estrategia a largo plazo y por eso se ha llegado a esta situación. Pero lo importante es darse cuenta de ello cuanto antes y rectificar, intentando resolver este conflicto de la única manera posible, es decir, por elevación y hacia delante, con un proyecto español ilusionante tanto a nivel institucional como de desarrollo económico, cultural y social, no por reacción, porque ese camino ya ha dado de sí (con la sentencia) todo lo que puede dar.

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