20 de octubre de 2019
20.10.2019
La Opinión de A Coruña
Los efectos de la sentencia del 'procés'

La violencia amenaza con arruinar la respuesta soberanista a la sentencia

Torra, cada vez más aislado || Sánchez no hablará con él hasta que rechace los incidentes

19.10.2019 | 23:30

Los grupos violentos incontrolados que desde el lunes pasado hicieron arder en Barcelona 660 barricadas amenazan con arruinar la respuesta del soberanismo a la condena de nueve de sus líderes a penas de entre nueve y trece años por el Tribunal Supremo. Sobre el president Torra llueven las peticiones de dimisión de la oposición por lo que consideran falta de respuesta institucional ante una oleada de violencia que el jefe del Govern no condena de forma explícita. Así lo considera el presidente en funciones Pedro Sánchez, quien ayer eludió responder a una llamada de teléfono del president de la Generalitat y se niega a hablar con él mientras no rechace con contundencia las acciones radicales.

En lo que ya supone una nueva brecha en el núcleo soberanista, la respuesta institucional a los graves incidente está pasando a otras manos. El presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, se reunió ayer con la alcaldesa Ada Colau y diversas entidades sociales para afrontar los sucesos de Barcelona. Al encuentro no asistió ningún representante del Govern, lo que es un síntoma de que Torra se encuentra cada vez más aislado.

La jornada del viernes fue la prueba más clara de la escisión del independentismo en las respuesta a la sentencia del Supremo. En una jornada de huelga general, convocada por los sindicatos independentistas con desigual incidencia, más de medio millón de personas ocuparon el centro de Barcelona en una marcha multitudinaria marcada por el ambiente familiar y festivo habitual en este tipo de convocatorias.

Sin embargo, a escasos metros de esta manifestación se desataron los incidentes más violentos con el cerco de los radicales a la comisaría de la Policía Nacional de vía Layetana. Los enfrentamiento entre las fuerzas de orden y los radicales alcanzaron una violencia inusitada, que obligó a los Mossos a recurrir por primera vez al cañón de agua, nunca utilizado desde su adquisición a mediados de los años 90 del siglo pasado. La policía detuvo en la jornada del pasado viernes a un total de 83 personas.

El balance de la semana es de más de 300 detenidos, medio millar de heridos, de ellos 283 agentes de todos los cuerpos policiales. El más grave es un policía gallego que sufre traumatismo craneoencefálico. Además, 264 vehículos de las fuerzas orden público resultaron inutilizados en los disturbios. Ello sin contar los destrozos ocasionados en mobiliario urbano, calles, comercios y viviendas del centro de la capital catalana por las 660 barricadas levantadas e incendiadas hasta el viernes por los radicales, según contabilizan los Mossos d'Esquadra. Reparar los destrozos en la infraestructura del transporte urbano costará más de 200.00 euros, según la empresa que lo gestiona. Una ruina material en conjunto que lleva a la alcaldesa Ada Colau a sentenciar que "esto no puede seguir así. "Barcelona no se merece esto", señaló.

La violenta movilización contra las condenas quiebra la imagen pacifista que el independentismo siempre quiso dar y arruina el som gent de pau del que hizo divisa. Sin embargo, en respuesta a todo ello, Torra se limitó ayer a reiterar que "la violencia no nos representa".

El president se reunió ayer con los alcaldes de Girona, Tarragona y Lleida, un encuentro al que no acudió la alcaldesa de Barcelona en un claro desmarque de las iniciativas del Govern. Colau sí estuvo, sin embargo, en un encuentro con el presidente del Parlament, Roger Torrent y con agentes sociales. De esa reunión con UGT, Comisiones Obreras, las patronales y la federación de asociaciones vecinales salió la iniciativa de crear un "espacio de trabajo" contra la violencia y la judicialización derivada del proceso independentista.

Ante los incidentes de Barcelona, el Partido Popular, liderado por Pablo Casado, exige al Gobierno del socialista Pedro Sánchez que reinstaure "el orden" y presiona para que intervenga la Generalitat de Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución, como hiciera en su momento el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Ciudadanos coincide con el PP en demandar que se aplique ya el artículo 155 de la Carta Magna. Vox va más allá, y su líder, Santiago Abascal propone suspender las elecciones generales del 10 de noviembre.

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