La ministra de Educación, Isabel Celaá, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad al sector de la enseñanza concertada en respuesta a la polémica por unas afirmaciones que hizo el jueves en la inauguración en Madrid del Congreso de Escuelas Católicas.

"El sector puede estar tranquilo. No existe ningún plan para la revisión de nada", dijo la Ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en clara alusión a los acuerdos Iglesia-Estado. Y añadió: "Llevamos gestionando [el sector] 30 años y no hay ninguna razón para esta controversia exagerada".

Celaá recordó el jueves, ante el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y cientos de representantes de centros educativos católicos, que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa, o a elegir centro educativo, podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Estos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no es emanación estricta de la libertad [de enseñanza] reconocida en el artículo 27 de la Constitución".

El PP anunció ayer una "ofensiva parlamentaria" en defensa de la libertad educativa tras considerar que la Ministra "atacó directamente a la educación concertada". Desde Escuelas Católicas, se rebatió a Celaá asegurando que el Constitucional resalta en decenas de sentencias "la obviedad de que la elección de centro docente es un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral".

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, sostuvo que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa acorde con sus convicciones.

La asociación Europa Laica matizó que la Constitución establece la libertad de creación de centros docentes „con ciertas limitaciones„ pero en ningún modo su financiación pública, desarrollada en leyes posteriores.