24 de enero de 2020
24.01.2020
Cataluña

Torrent debe decidir si retira el acta a Torra o desobedece

El president de la Generalitat critica las "presiones a las que se pretende someter al del Parlament"

24.01.2020 | 14:41
Una imagen de Torra y Torrent juntos.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, tiene hasta el lunes para decidir si obedece al Tribunal Supremo y cumple la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta de diputado a Quim Torra o si deja que el president vote en el Parlament, con el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.

Torrent ya ha convocado el pleno, que se aplazó esta semana por el temporal, para el próximo lunes a las 15:00 horas y será entonces cuando se verá si el presidente de la Generalitat ejerce con normalidad su condición de diputado y vota en el primer punto del orden del día previsto: los presupuestos del Parlament.

Torra ya ha dejado claro esta semana que sigue siendo diputado y presidente de la Generalitat pese a la decisión del Tribunal Supremo de mantener la orden de la JEC para su inhabilitación, como consecuencia de la sentencia -aún no firme- que pesa sobre él por desobediencia.

La Junta Electoral Provincial, siguiendo las directrices de la JEC, dio este pasado jueves un plazo de 48 horas al Parlament para que comunique qué representante de JxCat sustituirá a Torra.

A diferencia de cómo actuó con el anterior pronunciamiento del Supremo, Torrent ha guardado esta vez silencio, si bien fuentes de su entorno han asegurado que ha declinado pedir un nuevo informe a los letrados de la Cámara catalana, al entender que sigue vigente el que ya redactaron hace unas semanas concluyendo que la Junta Electoral Central (JEC) no podía retirar el acta a Torra aunque el Supremo hubiese rechazado las medidas cautelarísimas.

De hecho, los letrados, que este viernes han celebrado una reunión ordinaria, no tienen previsto emitir un nuevo informe de oficio y dejan el asunto en manos de la Mesa, pues consideran que, indistintamente de lo que digan sus pronunciamientos, que no son vinculantes, retirar o no el acta a Torra es al fin y al cabo una decisión política.

Presiones sobre Torrent

Con todo, el reloj sigue corriendo y las presiones se ciernen sobre Torrent, que ha convocado el lunes al mediodía, antes del pleno, una reunión de la Mesa que se prevé convulsa.

Desde la oposición, el PP ya ha avisado de que si Torrent deja votar a Torra en el pleno del lunes, procederán a presentar una querella por prevaricación y desobediencia contra el presidente del Parlament.

Desde la Oficina del Presidente de la Generalitat se ha emitido un comunicado que anuncia que Torra se reserva la posibilidad de emprender acciones legales por presunta coacción a Torrent, al entender que se están ejerciendo presiones "insostenibles" al presidente del Parlament.

Torra también se plantea emprender acciones legales por presuntas calumnias contra quienes le acusan de usurpador, el calificativo que le dedicó la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

En este contexto, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó (JxCat), se ha mostrado convencida de que la Mesa del Parlament hará "efectiva" la resolución de la Cámara que ratificó el pasado 4 de enero a Quim Torra como president y diputado, por lo que ni "contempla" que se le retire el acta.

En cambio, Ciudadanos y PPC mantienen desde el primer momento que desde que la JEC emitió su orden Torra no es diputado y advierten a Torrent de consecuencias penales si le deja votar.

El PSC prefiere que sean los letrados quienes digan si el último escrito del Supremo dando por buena la orden de la JEC hace que esta se tenga que cumplir, mientras que los comunes apelan a la prudencia y precisan que sería bueno contar con ese informe.

La CUP no se opone a un nuevo informe, si bien creen que no es necesario porque entienden que ya quedó claro que la JEC no es competente y que la decisión por tanto recae en Torrent. Todo ello se dirimirá el lunes, en la reunión de la Mesa del Parlament convocada a las 12.30 horas.

Torra alega ante la JEC que es incompetente

Por su parte, Torra ha alegado este viernes ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona que es incompetente para retirar su acta de diputado y ha reclamado la nulidad de la orden que dictó la Junta Electoral Central (JEC), aduciendo que le podría ocasionar perjuicios.

Torra ha presentado un escrito de alegaciones ante la Junta Provincial para que lo traslade a la JEC, el organismo que ordenó la retirada de su acta de diputado en el Parlament.

La Junta Electoral Provincial, siguiendo las directrices de la JEC, dio este pasado jueves un plazo de 48 horas al Parlament para que comunique qué representante de JxCat sustituirá a Torra. En el escrito de alegaciones, Torra resalta la "incompetencia" de la Junta Provincial para la adopción del acuerdo de retirar el acta de diputado y pide que declare nula la orden de la JEC, ya que puede ocasionarle perjuicios "de imposible o difícil reparación".

Esgrimiendo jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el equipo legal de Torra remarca que solo el reglamento del Parlament regula la adquisición o pérdida de la condición de diputado.

"La competencia para enjuiciar las situaciones de incompatibilidad de los diputados del Parlament corresponde en todo caso al propio Parlament, de modo que la Junta Electoral Provincial de Barcelona debió haber inadmitido las solicitudes presentadas", señala el escrito.

Torra también esgrime que no se encuentra en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que establece el Estatut y el reglamento del Parlament. Además, el presidente catalán considera que dicha Junta Provincial se halla constituida con "los exclusivos efectos" de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre.

El presidente catalán advierte asimismo de que la ejecución del acuerdo de la Junta Provincial, derivado de la orden de la JEC, provocaría "una flagrante vulneración" de sus derechos fundamentales.

Y recuerda que el reglamento del Parlament es "absolutamente claro en el sentido de que únicamente la condena una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme puede comportar la pérdida de la condición de diputado".

Torra también cuestiona la imparcialidad de los miembros de la JEC, en concreto el vocal Carlos Vidal Prado, del que pide su abstención o recusación.

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