28 de enero de 2020
28.01.2020
Crisis catalana

El Tribunal de Cuentas reclama 4,1 millones al gobierno de Puigdemont por el 1-O

El organismo fiscalizador entrega la liquidación provisional que abre la puerta a presentar alegaciones

28.01.2020 | 11:10
Una imagen de Puigdemont.

El Tribunal de Cuentas reclama en su liquidación provisional 4.146.274 euros a 31 personas, entre miembros del Gobierno del huido Carles Puigdemont y exaltos cargos de la Generalitat, por los fondos públicos presuntamente destinados a la celebración del 1-O, según ha podido saber 'El Periódico'.

El órgano fiscalizador celebra desde las 9.30 horas de este martes una vista en la que han conocido la cifra en la que el instructor del procedimiento calcula el dinero público desviado al referéndum ilegal. Se trata de un trámite similar al que se produjo con el 9-N, pero que ahora se refiere al 1-O, consulta por la que el Tribunal Supremo, a diferencia de lo que ocurrió en aquel primer procedimiento penal, ya condenó por malversación a los seis miembros del Govern de Puigdemont condenados por sedición, aunque el delito enmarcado entre los de la corrupción se castigó bajo la forma de concurso medial con el anterior.

Riesgo de embargo

Durante la vista, los abogados de los 31 citados, entre los que se encuentran Carles Puigdemont y el resto de huidos, así como los condenados por el Supremo, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la cabeza, así como exaltos cargos de la Generalitat, intentan retirar la cifra requerida o al menos rebajarla de cara a la liquidación definitiva que, en caso de impago, comporta el embargo de bienes. Se prevé que se prolongue durante horas; la del 9-N duró alrededor de cuatro y el procedimiento fiscalizador entonces se dirigía contra menos personas.

Una vez fijada la cantidad de dinero público presuntamente desviada al 1-O, se dará 15 días a los considerados responsables para abonarla. Así se actuó también en el 9-N, en el que se terminó condenando al expresidente de la Generalitat Artur Mas a pagar, solidariamente con los demás declarados responsables del mal uso del dinero público, 4,9 millones de euros. Como ya ocurrió entonces, se ha abierto una caja de solidaridad para cubrir los 4,1 millones que reclama el Tribunal de Cuentas por el 1-O.

Ejercen la acusación, además de la fiscalía del Tribunal de Cuentas, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Democracia, las mismas entidades que iniciaron un procedimiento similar el 9-N, iniciativa que durante el juicio fue muy elogiado por la Abogacía del Estado.

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