La Fiscalía Anticorrupción estima probado que la contratación del comisario José Manuel Villarejo, ahora jubilado y encarcelado, para que hiciera labores de espionaje para el BBVA "habría sido ordenada, de forma opaca, por la propia presidencia del banco", cargo que ocupaba Francisco González, también imputado en el sumario Tándem. La acusación se recoge en el sumario de la causa, cuyo secreto se levantó el martes, donde también se afirma que el BBVA pagó 10,28 millones de euros a Villarejo por esos encargos de espionaje.

González es investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en relación con la pieza separada de la causa Tándem, que se ocupa de los contratos establecidos entre el BBVA y Villarejo durante 13 años.

González negó ayer terminantemente que ordenara la contratación opaca de la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, en contra de lo que indica el informe de la Fiscalía. El expresidente del BBVA anunció que en los próximos días hará público un "detallado" comunicado de su declaración en el juzgado número 6 de instrucción de la Audiencia Nacional. El exbanquero afirma que en dicha declaración "dejó claro" ante el juez titular y los fiscales que no participó en la contratación de la citada empresa ni tuvo conocimiento de la contratación de la misma por parte del BBVA hasta mayo de 2018.

Además, el expresidente del BBVA resalta que fue "muy tajante" en su declaración al señalar que tanto el banco como él mismo desconocían las actividades que desarrollaban la empresa Cenyt o el excomisario Villarejo y que, por lo tanto, no puede atribuírsele "ningún tipo de responsabilidad sobre cualquier actividad ilegal que pudieran haber realizado".

Según el audio de su declaración como investigado, González afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue quien, estando en ejercicio, le llamó por teléfono para avisarle de que la constructora Sacyr, "que apoya el Gobierno", quería hacerse con el banco.

González dijo al juez que agradeció la llamada del exvicepresidente porque por "el tono" se dio cuenta de que éste "estaba haciendo algo que no quería hacer, porque esa operación era ilegítima e ilegal". Según recordó González, Sacyr tenía un tres por ciento de las acciones del banco y quería hacerse con un ocho por ciento más en los días siguientes.

Proyecto PIN

La pieza del caso Villarejo relativa a los encargos del BBVA ha sacado también a la luz el proyecto PIN, que tenía por objeto desacreditar a Ausbanc y a su presidente Luis Pineda, quien cifró en 500.000 euros la cantidad pagada por el banco al comisario ahora jubilado por sus servicios.

Tras levantar el juez García Castellón el secreto de esa parte del sumario, el propio Pineda pidió la suspensión de las próximas sesiones del juicio que hoy, jueves, debe reanudarse contra él y otros nueve acusados en la Audiencia Nacional por la presunta trama de extorsiones montada por Ausbanc y Manos Limpias.

La Audiencia Nacional respondió ayer mismo a la petición de Pineda, que desestimó al no apreciar la vulneración de derechos alegada por su defensa, la cual denunció que Pineda no está siendo objeto de un proceso judicial sino de un "procedimiento totalmente artificioso derivado de un montaje puramente policial" auspiciado por el BBVA, por lo que, además, pidió la nulidad del proceso. Esta petición también fue rechazada.

En el juicio, que hoy se reanuda, están procesados Luis Pineda y el líder de Manos Limpias Miguel Bernad, además de otras ocho personas, acusados de extorsionar a bancos, cajas de ahorro y empresas exigiéndoles cantidades millonarias a cambio de retirar acusaciones contra ellas y de no publicar informaciones desfavorables.