Los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó denunciaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ser víctimas de una "causa general" contra el independentismo y se acogieron a su derecho a no declarar, en su comparecencia por su procesamiento por el 1-O.

Ambos diputados republicanos, que están imputados por organizar el referéndum ilegal desde los cargos que ocuparon en el departamento de Vicepresidencia cuando lo dirigía Oriol Junqueras, comparecieron ayer ante la juez del TSJC Maria Eugènia Alegret, para una declaración indagatoria, paso previo a ser enviados a juicio, según fuentes de Efe.

Jové, que fue secretario general de Vicepresidencia y Economía, y Salvadó, exsecretario de Hacienda, están procesados por los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos por los preparativos del 1-O y por planificar presuntamente la recaudación de los impuestos de los catalanes a través de la Agencia Tributaria propia, considerada por la jueza una de las llamadas "estructuras de Estado".

El exnúmero dos de Junqueras al frente de Vicepresidencia forma parte de la delegación catalana en la mesa de diálogo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que, afirma, no piensa abandonar pese a su procesamiento, y encabezó las reuniones de negociación para facilitar la investidura del presidente del Gobierno.

La magistrada considera que Jové desempeñó un papel clave en los preparativos del referéndum, como autor del documento Enfocats y de la agenda Moleskine, que trazaban la hoja de ruta unilateral del Govern de Puigdemont a la independencia. En su comparecencia de ayer, como ya hiciera en su declaración como investigado, Jové se negó a someterse a una prueba caligráfica para que los peritos determinen si el manuscrito de la agenda Moleskine es suyo. Según fuentes jurídicas, la jueza sostiene que Jové es el autor de ese documento manuscrito, tras haber cotejado la caligrafía de la agenda con la de la firma que el exsecretario general de Economía estampó en los requerimientos que el Tribunal Constitucional le remitió advirtiéndole de las consecuencias de seguir adelante con el referéndum suspendido.

Además de retenerles el pasaporte, que ya entregaron hace unos días, los dos procesados están obligados a comparecer ante la justicia mensualmente. El auto de procesamiento exige una fianza de 4,1 millones de euros a ambos imputados, parte de la cual alegan que ya está depositada en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga a una treintena de ex altos cargos del Govern por los preparativos del 1-O y en el Tribunal de Cuentas. Las organizaciones independentistas han iniciado ya una campaña de recaudación de fondos para cubrir la fianza.