07 de abril de 2020
07.04.2020
La Opinión de A Coruña
Crisis del coronavirus

¿Qué fueron los Pactos de la Moncloa de 1977 a los que apela Pedro Sánchez?

Su principal resultado fue el camino abierto para que en 1978 los españoles se dotaran de la Constitución

07.04.2020 | 08:44
Fotografía de archivo, tomada el 25-10-1977, de la firma de los Pactos de La Moncloa.

En repetidas ocasiones a lo largo de las últimas décadas se han sucedido las referencias a los Pactos de la Moncloa como un ejemplo de lo que necesita España en momentos de especial dificultad.

Este lo es. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia del pasado sábado en la que anunció la prórroga del estado de alarma, expresó su intención de convocar a las fuerzas políticas a unos nuevos Pactos de la Moncloa que permitan al país superar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus.

Han pasado casi 43 años desde que en octubre de 1977 la sede de la Presidencia del Gobierno, con Adolfo Suárez como inquilino y poco después de las primeras elecciones democráticas, albergara la rúbrica de unos documentos para hacer frente a la crisis económica que vivía España e intentar dar estabilidad a la entonces incipiente nueva etapa política del país.

El impulsor de los Pactos

Los españoles habían podido votar libremente el 15 de junio de ese año y el Gobierno y el Parlamento se disponían a afrontar una difícil legislatura. Fue el vicepresidente del Ejecutivo para Asuntos Económicos, Enrique Fuentes Quintana, quien tomó la iniciativa de plantear a Suárez unos pactos entre el Gobierno y los partidos para encauzar conjuntamente los esfuerzos.

Una negociación que consideraba necesaria ante un panorama en el que convivían una alta inflación (más de un 30%), una deuda exterior en aumento y una elevada tasa de paro (por encima de los 700.000) que creía imprescindible atajar mediante una política de saneamiento y reformas.

A su juicio, el principal problema político que tenía España era su economía y, a la vez, la solución a esas dificultades económicas estaba en el consenso y el pacto político.

Planteó sus argumentos a Suárez en julio, pero no le convencieron en principio ante las diferencias en el seno del Gobierno. Hubo que esperar a que, pasado el verano, la negociación tomara forma y el Ejecutivo distribuyera a los partidos el informe que sirvió de base a los pactos.

Un octubre para la negociación y el acuerdo

Con ese documento en sus manos, Gobierno y partidos se reunieron en la Moncloa en sesiones maratonianas los días 8 y 9 de octubre, y a pesar de las diferencias expuestas, fue posible redactar un borrador que se perfiló posteriormente en diversos grupos de trabajo.

Fueron dos los pactos finalmente suscritos, uno de carácter económico y otro de carácter político. El primero de ellos fue firmado el 25 de octubre por todos los participantes en las reuniones, mientras que dos días más tarde (debido a las diferencias existentes) se selló el político, aunque se descolgó del mismo la Alianza Popular de Manuel Fraga.

También el 27 de octubre el Congreso aprobó con sólo un voto en contra el acuerdo económico, cuya tramitación parlamentaria culminó en el Senado el 11 de noviembre.

Los firmantes

La lista de firmantes del pacto incluye un elenco de quienes protagonizaron la etapa de la Transición, con Adolfo Suárez a la cabeza. Él firmo como presidente del Gobierno y de UCD, mientras que por esta fuerza política también lo refrendó Leopoldo Calvo Sotelo.

Felipe González avaló los documentos por parte del PSOE, Enrique Tierno Galván por el PSP, Joan Raventós y José Triginer por los socialistas del Cataluña, Juan Ajuriaguerra por el PNV, Miquel Roca por el PDC, Santiago Carrillo por el PCE y Manuel Fraga por AP.

Este último se desvinculó del texto de carácter político al mostrarse en contra de la incorporación de diversos puntos, especialmente en lo relativo a medidas de orden público.

Pero en las negociaciones hubo otros protagonistas como los entonces miembros del Gobierno Fernando Abril Martorell, Rodolfo Martín Villa o Francisco Fernández Ordóñez; los diputados del PCE Ramon Tamames y Jordi Solé Tura, y el futuro presidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Pacto económico

Los tres puntos fundamentales en los que se sustentaba el Plan de Saneamiento y Reforma Económica, recogido en 43 folios, pasaban por contener el desempleo, reducir el déficit de la balanza de pagos y rebajar la inflación, que debería pasar del 30% en 1977 al 15% en 1978 y al 12% en 1979.

Además, el incremento de los salarios en 1978 no debía superar el crecimiento del IPC. Se fijó para el año 1979 un aumento del 15%, tres puntos por encima de la inflación.

Entre otros de los objetivos, destacó la adaptación del sistema económico español a la economía de mercado, lo que suponía elevar el grado de competencia en muchos sectores económicos y reformar el sistema fiscal y financiero y la Seguridad Social.

Pacto político

Con la firma dos días después del Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política, se establecían, entre otros derechos, la libertad de expresión, así como la reforma de los derechos de reunión y de asociación política.

Se modificó además el Código Penal, especialmente en lo referido a la mujer y las libertades públicas, así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Orden Público y una reorganización de los cuerpos y fuerzas policiales.

Los efectos

Las medidas puestas en marcha con los pactos lograron notables mejoras en la situación económica, como una drástica reducción de la inflación y del déficit de la balanza de pagos, y una progresiva reforma fiscal.

También alumbraron una nueva política de negociación entre los agentes sociales. Pero en el terreno político y pese a que la oposición reprochó al Gobierno que demorase la aplicación de algunas reformas pactadas, el principal resultado de esta lección de consenso vivida en la Transición fue el camino abierto para que en 1978 los españoles se dotaran de la Constitución que sigue siendo la máxima norma legal de los españoles.

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