El Ejecutivo consiguió rearmar ayer la mayoría de la investidura para sacar adelante en el Congreso el decreto de medidas organizativas y procesales con el que intenta evitar el colapso de la Justicia. El proyecto -aprobado con 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones- recibió numerosas críticas, algunas de ellas incluso de los grupos que votaron a favor, como ERC, que espera introducir modificaciones durante la tramitación de la norma como proyecto de ley.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, reprochó al PP su falta de apoyo después de que el decreto fuera consensuado con los consejeros del área de las comunidades autónomas en las que gobiernan los populares. Campo también agradeció el respaldo de Enrique López, el juez ahora responsable de Justicia de Madrid y secretario de este ámbito en la dirección que encabeza Pablo Casado. Pese a ese llamamiento, PP y Ciudadanos votaron en contra del decreto, al igual que Vox, la CUP y JxCat, con la advertencia de que ninguna medida será eficaz si no hay inversiones y se refuerzan los juzgados.

ERC, socio de JxCat en el Gobierno catalán y con Ester Capella al frente de Justicia, optó por el voto favorable. Considera que el decreto "se queda corto", pero confía en poder enmendarlo y que el mes de agosto quede reservado solo para vistas urgentes.