El PSOE anunció a última hora de la noche de ayer una matización al acuerdo alcanzado con EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP para que ésta no sea "íntegra" tal y como se había anunciado previamente. El PSOE rectificó el acuerdo y ya no derogará íntegramente la reforma laboral del PP antes de que acaben las medidas extraordinarias por el coronavirus, una acuerdo que había permitido la abstención de los abertzales en la prórroga del estado de alarma.

En su "nota aclaratoria", el PSOE informó de que quedaba anulado el punto primero del acuerdo con Bildu que establecía que se derogaría "de manera íntegra" la reforma laboral del año 2012 y que esa derogación debería ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno por el Covid-19.

En un comunicado rozando la medianoche, el partido liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclaró que se derogarán únicamente la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Horas antes se había anunciado un pacto entre ambas partes para derogar "de manera íntegra" la reforma laboral, con el compromiso de que esta derogación sea "efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19".

Así lo recogía el acuerdo alcanzado por el PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu, difundido por la formación de la izquierda abertzale tras aprobar el Congreso la prórroga por 15 días más del estado de alarma. El acuerdo, en virtud del cual EH-Bildu se abstuvo en esa votación, también recogía la flexibilización de la regla de gasto para entidades locales, forales y autonómicas. Así, el documento difundido recogía que estas entidades "dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid-19", que no se computarán en la regla de gasto para las entidades locales.