El Gobierno tiene una enorme capacidad para convertir sus anuncios estrella en marañas internas. Ocurrió con la autorización para que los niños pudieran pisar la calle. Ahora ha vuelto a pasar con la derogación de la reforma laboral, solo que este nuevo enredo tiene consecuencias políticas y sociales mucho mayores, comenzando por el choque entre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, partidario de derogar la ley cuanto antes, y la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, la coruñesa Nadia Calviño, que, en un intento por zanjar la polémica, sentenció ayer que es "absurdo y contraproducente" abrir este debate dadas las circunstancias actuales. Según la titular de Economía, semejantes cambios no se harían sin el consenso de los agentes sociales. Antes del puñetazo encima de la mesa de Calviño, el enredo dentro del Gobierno ya había provocado malestar en los sindicatos y los partidos aliados del Ejecutivo (como el PNV), un portazo de la patronal e incomprensión en las filas socialistas.

El embrollo comenzó a última hora de la tarde del miércoles. El PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo con EH Bildu para derogar de "manera íntegra", y antes de que decaigan las medidas sociales y económicas frente al coronavirus, la legislación que el PP aprobó en 2012, que despojaba de derechos a los trabajadores y abarataba el despido. El anuncio, a cambio de que los abertzales no votaran en contra de la prórroga de alarma hasta el 7 de junio, causó sorpresa. No solo por el concurso de EH Bildu (cuya abstención no fue indispensable para extender el régimen excepcional), sino también por el alcance y los plazos para la modificación legislativa. Los socialistas han mantenido tradicionalmente que la derogación no podría ser total, sino solo de sus aspectos más lesivos, porque de lo contrario se entraría en un vacío legal. Así quedó reflejado, aunque con una fórmula vaga, en el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para el Gobierno de coalición.

Casi cuatro horas después del anuncio explosivo del pacto, al filo de la medianoche del mismo miércoles, llegó la rectificación por parte del PSOE. En un comunicado, el partido de Sánchez aclaró que quedaba anulada la parte del pacto con Bildu y Podemos que prometía la derogación "íntegra", siendo sustituida por un enunciado más ambiguo, que habla de tumbar (sin etiquetas ni plazos temporales) la reforma, y en concreto dejar sin efecto cuanto antes sus aspectos más lesivos: el despido por baja médica (que por otra parte ya no está en vigor), las limitaciones temporales de los convenios colectivos y la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. En realidad el nuevo enunciado obedecía a un corta y pega de uno de los párrafos del acuerdo de coalición entre PSOE y UP.

La rectificación

Fuentes de la dirección socialista justifican el cambio así: "Aceptamos incluir el término derogación íntegra porque entendíamos que era lo que decía nuestro pacto con Podemos: los aspectos más lesivos. Pero después nos dimos cuenta de que estaba dando lugar a equívocos. Por eso matizamos". Equívocos, entre otros, del PNV, un aliado fundamental para el Gobierno. También de los sindicatos y de la patronal CEOE, que exigen devolver la negociación de la contrarreforma al diálogo social. "La derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral tiene que ser pactada con los empresarios y sindicatos", intentó tranquilizar la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, en La Sexta. Su mensaje no tuvo ningún éxito. Poco después, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, decidió suspender el diálogo social. "Que no sigan contando con nosotros", dijo en RNE.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ofrecen otra versión sobre lo ocurrido, informa Rosa Sánchez. Fue Calviño quien forzó la "matización" al conocer el pacto. Ayer, en la 36ª Reunión del Círculo de Economía en Barcelona, trató de poner negro sobre blanco. "Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguirdad jurídica en este momento", recalcó. Además, hizo referencia a que las circunstancias actuales no son las mismas que en enero, cuando se firmó el acuerdo de coalición con los morados y que todamodificación requerirá el aval de los agentes sociales.

No obstante, horas antes, en la misma mañana de ayer, el vicepresidente segundo volvió a la casilla de salida, desmintiendo al PSOE: la derogación será "íntegra", porque lo válido es lo firmado con Bildu, no la aclaración de los socialistas. " Pacta sunt servanda [expresión en latín para dejar claro que lo pactado obliga]. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura y la investidura y el Gobierno de coalición no se habla de derogación parcial. Se habla de la derogación de la reforma laboral, y eso es un acuerdo de Gobierno de coalición. En el pacto que se firmó ayer [por el miércoles], que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo", señaló Iglesias.

Sus palabras contrastan con la posición que ha mantenido hasta el momento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, integrante de Unidas Podemos y muy cercana al vicepresidente segundo. "Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral. Sería irresponsable hacerlo", dijo Díaz a finales de enero. Pero sobre todo, las manifestaciones de Iglesias chocan con la parte socialista del Gobierno, empezando por el propio presidente.

Casi a la misma hora en la que el líder morado aseguraba que la derogación sería íntegra, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, uno de los dirigentes con más peso político dentro del Ejecutivo, decía lo contrario. El acuerdo alcanzado con EH Bildu, explicó en Onda Cero, es solo para tumbar los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral.

Los abertzales restaron importancia a la polémica. El pacto, dijo en RNE su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, "sigue vigente", porque la rectificación del PSOE es solo una "matización terminológica".

La confusión

Mientras tanto, la incomprensión por cómo se ha gestado este anuncio crece dentro de las filas del PSOE: en el grupo parlamentario y entre los barones. "La sorpresa es generalizada", reconoce un importante diputado. "No sé a qué obedece ahora ese acuerdo innecesario e inconveniente con Bildu", señala un miembro de la Ejecutiva socialista. Fuentes cercanas al presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, explican que este se siente "dolido y perplejo" ante lo ocurrido.

El desconcierto entre los socialistas no solo se refiere a que en el pacto con morados y abertzales apareciese la palabra "íntegra", alejándose de la doctrina del partido. También incluye la presunta necesidad de pactar con Bildu. No tanto por el pasado de la formación vasca, heredera de Batasuna, aunque el acuerdo sirviese para que Pablo Casado, líder del PP, acusara el miércoles a Sánchez de "convertir el estado de alarma en una subasta con separatistas y proetarras". La confusión se dirige en especial a motivos de pura aritmética parlamentaria.

La prórroga de la alarma hubiera sido aprobada por el Congreso aunque los cinco diputados de Bildu hubiesen votado en contra. Obtuvo 177 apoyos, 162 rechazos y 11 abstenciones. Y por otro lado, si lo que se pretendía era acelerar la derogación de la reforma laboral en los términos suscritos por Sánchez e Iglesias cuando sellaron la coalición, al Gobierno le hubiera bastado llevar la iniciativa a la Cámara baja. "Hubiera salido adelante sin problemas, con los mismos votos de la investidura. Incluso con alguno más, porque ERC y Bildu, que se abstuvieron entonces, habrían votado a favor", reflexiona otro parlamentario.

Ábalos ligó ayer el pacto con los abertzales a la actitud de Casado, que rechazó la prórroga. "Si el PP se instala en la negación, tendremos que recurrir a las otras formaciones políticas apelando a más responsabilidad", ha dicho el ministro de Transportes. En el mismo sentido, fuentes de la cúpula del PSOE explican que comenzaron a buscar apoyos en cuanto los conservadores anunciaron que votarían en contra, y que se selló ese pacto con Bildu ante el riesgo de que otros posibles aliados (como Cs y el PNV, que acabaron apoyando) se descolgasen.

También Unidas Podemos situó el acuerdo con Bildu en los términos de la negociación para extender el estado de alarma. Intentando disipar la tormenta, fuentes de su grupo parlamentario han explicado que la "relación personal" de Adriana Lastra y Pablo Echenique (portavoces en el Congreso de los dos partidos que forman la coalición y firmantes del pacto de la discordia) es "excelente", y que el entendimiento con Bildu obedeció a la necesidad de aprobar la prórroga. Sin entrar en si la derogación será total o parcial, los morados explican que el entendimiento con Bildu "clarifica los plazos" de esta iniciativa, porque señala que deberá llevarse a cabo "antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno ante la crisis originada por el Covid-19".