13 de junio de 2020
13.06.2020
La Opinión de A Coruña

La jueza archiva la investigación sobre el 8-M al no encontrar indicios de delito

Falla que el delegado del Gobierno "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico"· del riesgo de las marchas para la salud

13.06.2020 | 00:36
José Manuel Franco, a su salida del Juzgado, el miércoles.

La investigación sobre la manifestación del 8-M en Madrid, que puso nervioso al Gobierno y que fue aplaudida desde las bancadas de PP y Vox, quedó archivada ayer. La jueza de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, no encuentra indicios de delito contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir la marcha ante un posible riesgo de propagación del Covid-19. La magistrada considera que, entre el 5 el 14 de marzo, Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones".

Rodríguez-Medel comunicó el sobreseimiento provisional después de semanas de instrucción, en las que pidió documentación a todas las administraciones y organismos implicados en garantizar la salud pública (el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, entre otros), a un forense y a la Guardia Civil. La participación del instituto armado en esta investigación provocó una grave crisis interna a raíz de la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de ordenar el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid y de los agentes que ejercieron como policía judicial.

Críticas de la magistrada

El informe de los guardias civiles incluyó, además de errores e inexactitudes, severas críticas al delegado del Gobierno en Madrid (el único imputado) y al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según fuentes del entorno de Pérez de los Cobos, el ministro del Interior reclamó, a través de terceras personas, información sobre el documento que preparaban los guardias civiles y, al no conseguirla, decidió su destitución. Tras este terremoto institucional y político, con críticas a Marlaska por injerencia, llegó el archivo de una causa que se inició a raíz de una querella del abogado Víctor Valladares, presidente de la Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC).

El sobreseimiento provisional, que van a recurrir tanto la AGC como la Asociación de Consumidores y Usuarios y la Unión de Oficiales de Guardias Civiles, se comunicó dos días después de que la jueza tomara declaración al delegado del Gobierno en Madrid. Rodríguez-Medel no ve delito de prevaricación administrativa y fundamenta que Franco "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular [la marcha del 8-M] y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".

La magistrada sí reprende al representante del Ejecutivo de Sánchez en Madrid por su "permanente y absoluta" inactividad jurídica ante la celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas que, subraya, "aumentaron el riesgo de contagio del coronavirus Covid-19; es decir, supusieron un riesgo para la salud pública". La magistrada señala que las resoluciones administrativas dictadas por el delegado del Gobierno sin acordar prohibiciones o precauciones dieron lugar a que se celebraran 130 concentraciones y manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo en Madrid.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no quiso "valorar decisiones judiciales", pero se mostró "convencido" de que los españoles son conscientes de que "el Gobierno lo ha hado todo, lo que tenía y lo que no tenía, para derrotar el virus". Más locuaz estuvo la ministra de Defensa, Margarita Robles, "No teníamos ninguna duda de que esa causa se iba a archivar porque en ningún momento por parte del delegado del Gobierno se ha cometido ningún hecho delictivo", declaró. Para Robles, el hecho de que haya habido una investigación puede dar más tranquilidad. La ministra calificó de "mezquinas" las acusaciones contra el Gobierno y, aunque admitió que "se han podido cometer errores", añadió que actúa "siempre con arreglo a las recomendaciones de los expertos y al conocimiento que había en dada momento".

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