01 de julio de 2020
01.07.2020
La Opinión de A Coruña
Seguridad ciudadana

Cinco años de la 'ley Mordaza': a la espera del Constitucional y con los días contados

Su derogación es una prioridad del Gobierno - Sin embargo, en la alarma la ha usado más que nunca

01.07.2020 | 13:19
Cartel de Greenpeace contra la 'ley Mordaza'.

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley Mordaza", cumple este miércoles cinco años sin que haya sido aún derogada, como pidió en su día el Congreso. Lejos de eso, y en espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ella, en el confinamiento ha sido más utilizada que nunca, pero todo parece indicar que tiene los días contados.

Sucesora de la ley Corcuera o de la patada en la puerta de 1992, con esta nueva normativa las anteriores faltas penales se convirtieron en infracciones administrativas, con un rango de entre 100 euros a 600.000 en función de su gravedad.

Precisamente en ella se ha apoyado el actual Gobierno de coalición para sustentar las más de 9.000 detenciones y las casi 1,2 millones de sanciones impuestas por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma, un asunto que ha sido discutido desde algunos entornos, como desde Amnistía Internacional o desde Greenpeace.

Interior, comprometido en una ley más moderna

Un Gobierno que, según ha recalcado en reiteradas ocasiones el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene entre sus prioridades derogarla y sustituirla por una nueva ley "moderna, alineada inequívocamente con los valores constitucionales y que dote a las fuerzas de seguridad de un mejor marco de certidumbre para actuar".

"Es un compromiso firme", señalan a la Agencia Efe fuentes del departamento que dirige Marlaska. Las fuentes dejan claro que en esa nueva normativa seguirá tipificada la desobediencia leve, por "garantías legales, seguridad jurídica de los ciudadanos y criterio de proporcionalidad".

Y quieren los responsables de Interior que así sea para proteger mejor a los ciudadanos y no tener que acudir al Código Penal cuando haya que castigar una actitud de desobediencia, ya que ello implicaría penas de cárcel. Si se mantiene en la futura ley la tipificación de la desobediencia leve como infracción, el castigo sería una multa administrativa.

Aprobada en marzo de 2015 tras una polémica redacción de su anteproyecto, modificado por el entonces Gobierno del PP para suavizarlo, la ley entró en vigor el 1 de julio de ese año e incluyó una disposición adicional que endureció su debate. Se trataba de una disposición que modificaba a su vez la Ley de Extranjería y avalaba las "devoluciones en caliente" o entregas en frontera.

En pleno debate del Tribunal Constitucional 

La mayoría de los grupos que conformaban la oposición acudieron enseguida al Tribunal Constitucional (TC), que cinco años después protagoniza un profundo debate en torno a la ley, especialmente en relación con las devoluciones en caliente, hasta tal punto que creó una comisión de cuatro magistrados a raíz de las discrepancias entre los doce miembros de ese órgano.

El Constitucional comenzó a abordar el asunto hace meses, antes de que se decretase el estado de alarma, pero entre medias se hizo pública la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló las devoluciones en caliente en el caso de dos inmigrantes subsaharianos y que enmendaba la posición anterior de Estrasburgo.

A raíz del fallo, el magistrado ponente adaptó su borrador de sentencia a esta doctrina, de forma que se respaldaban las devoluciones en caliente pero siempre y cuando se dieran dos condiciones: que la entrada fuera masiva y con violencia.

Pero al llevarlo a pleno y comprobar que las posiciones entre los sectores progresista y conservador del tribunal estaban "muy enfrentadas", se decidió aplazar sin "unanimidad", según indicaron entonces fuentes jurídicas.

La reforma que truncó la inestabilidad política 

Mientras tanto, los grupos parlamentarios se pusieron manos a la obra en septiembre de 2017 para activar la reforma de la ley, por la que optaron en lugar de por su derogación.

Con dos textos alternativos -uno del PNV y otro del PSOE- comenzaron los trabajos de la ponencia, en la que se consiguió casi un consenso incluso en los preceptos más polémicos.

Pero la inestabilidad política y disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones del 28 de abril de 2019, dieron carpetazo a esos trabajos, aunque seguramente podrán servir de base para sacar adelante esa "prioridad" de Interior, una nueva ley.

De momento, ha servido a las fuerzas de seguridad para levantar actas de sanción por infringir las restricciones durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

Algunas organizaciones han criticado el "abuso" de la norma por parte de los agentes. Sin embargo, Interior asegura que las fuerzas de seguridad han velado por el cumplimiento de las medidas adoptadas para contener la Covid-19 y que las propuestas de sanción se han levantado con respeto a los derechos de los ciudadanos y con criterios de proporcionalidad.

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