15 de julio de 2020
15.07.2020
La Opinión de A Coruña

El Gobierno catalán concede el tercer grado a los nueve presos soberanistas

Los nueve líderes independentistas condenados por el Supremo irán a dormir a la cárcel de lunes a viernes

15.07.2020 | 01:32
Los presos soberanistas catalanes, durante el juicio en el Tribunal Supremo.

La Generalitat otorgó ayer el tercer grado o de semilibertad a los nueve presos del procés, al aceptar la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas en las que cumplen condena. De esta manera, los políticos encarcelados acudirán de lunes a viernes solo a dormir a un centro penitenciario y los fines de semana podrán estar en sus casas.

La Fiscalía ya había anunciado que recurriría esta decisión y que solicitaría que se suspendiese la progresión de grado para que los internos vuelvan a su situación anterior. Será el juez de vigilancia penitenciaria el que primero resolverá y el Tribunal Supremo, como órgano sentenciador, en última instancia.

El equipo del Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales avala así la propuesta que el pasado día 2 hicieron las juntas de tratamiento en relación con Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Todas las resoluciones adoptadas -precisó la administración penitenciaria catalana- son fruto de análisis individualizados. No obstante, en el conjunto de los casos, el servicio de clasificación coincide en subrayar la participación de los presos en "actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos", así como la "máxima colaboración" con los demás reclusos y con los profesionales de las prisión.

El servicio de clasificación también ha tenido en cuenta, agregan las mismas fuentes, que los dirigentes independentistas presos disponen de "una red social y familiar favorable" para la rehabilitación, junto con un pronóstico de reincidencia de bajo riesgo.

Desde que las juntas de tratamiento de las prisiones formularon sus propuestas, el equipo del servicio de clasificación disponía de un máximo de dos meses para estudiarlas, con el propósito de "garantizar la coherencia de los criterios del conjunto de centros penitenciarios". Los técnicos de la Consejería de Justicia no han agotado el plazo.

Ahora serán las juntas de tratamientos de cada una de las cárceles donde están ingresados los presos las que establecerán las fechas a partir de las que se aplicará el tercer grado. En la actualidad, todos podían salir de prisión para trabajar o hacer voluntariado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite una mayor flexibilización del cumplimiento de la pena.

Resoluciones

La ley establece que el Servicio de Clasificación ha de trasladar sus resoluciones de tercer grado a la Fiscalía, que las puede recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente y, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo. Habitualmente, las autoridades penitenciarias avalan el 95% de las decisiones de las juntas de tratamiento.

La fiscalía se ha ido oponiendo sistemáticamente a las decisiones tomadas por la Generalitat respecto a los presos independentistas. Sus recursos han llegado a la Audiencia de Barcelona, pero la Fiscalía del Supremo estima que es este tribunal el competente para resolver los recursos contra la aplicación del artículo 100.2. Ahora tendrán que estudiar también la concesión del tercer grado.

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