16 de julio de 2020
16.07.2020
La Opinión de A Coruña
Crisis del coronavirus

Sanidad y las comunidades acuerdan el plan para atajar el repunte de los contagios

El Centro de Alertas Sanitarias evaluará el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión

16.07.2020 | 22:10
Salvador Illa, en el homenaje a las víctimas el coronavirus.

Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este jueves un documento que servirá de guía para prevenir y atajar posibles incrementos de la transmisión de la Covid-19.

En una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio y los gobiernos autonómicos han acordado el "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19", que ha incorporado aportaciones de las comunidades y de otros ministerios, como medidas en el ámbito de los centros penitenciarios y en inmigración, explica Sanidad.

Se trata de un documento con el que se pretende dotar al Sistema Nacional de Salud de una mayor capacidad para prevenir y atajar posibles incrementos de transmisión y que será revisado cuando sea necesario.

El documento, diseñado por Sanidad y trasladado al Consejo Interterritorial, agrupa muchas de las medidas que ya están en marcha y establece que sea el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) el que, en coordinación con la autonomía, evalúe el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida.

Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de actuación en caso de brotes, y de suponer una privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, deberán ser ratificadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

No obstante, prevé otros dos mecanismos si el coronavirus traspasa las fronteras de una comunidad: en el primero, Sanidad podrá echar mano de las actuaciones coordinadas en salud pública, previo conocimiento del pleno del Consejo Interterritorial, y que serían de obligado cumplimiento para todas. El otro es el estado de alarma.

El plan aprobado este jueves incorpora mejoras y concreciones técnicas, a propuesta de las comunidades autónomas, de diferentes ministerios y de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, dependiente de la Comisión de Salud Pública.

Así, establece medidas específicas para colectivos de especial vulnerabilidad ante el Covid, como los migrantes que acceden de forma irregular a nuestro país. En ese ámbito, se adoptarán medidas específicas para el diagnóstico precoz de estas personas.

También respuestas por escenarios específicos, como el de los centros penitenciarios, aunque en ellos el impacto de la enfermedad ha sido bajo gracias a la puesta en marcha de las medidas de aislamiento precoz al inicio de la epidemia, aunque se ha tenido en cuenta que la aparición de un brote de coronavirus podría suponer un grave problemas por el contacto estrecho de personas con patologías crónicas.

Así, los centros penitenciarios deberán colaborar en la recopilación, verificación y notificación de los datos para poder planificar e intervenir de forma adecuada, y recomienda establezcan sistemas de vigilancia reforzados y planes de contingencia adaptados a las características específicas de cada centro.

La detección de un caso en un centro penitenciario deberá notificarse a las autoridades sanitarias de forma inmediata para adoptar las medidas oportunas, como el aislamiento del caso y sus contactos, así como la indicación de cuarentena del módulo residencial.

Se realizará una búsqueda activa de casos y se valorará la posibilidad de hacer estudios de cribado en el resto de residentes y profesionales si la situación lo requiere.

Entre las propuestas trasladadas a la reunión por las Comunidades ha estado la formulada por el Gobierno de Castilla y León de crear "un instrumento legal" común para todas las comunidades que "permita un confinamiento ágil" por ciudades o barrios y una toma de decisiones "muy rápida" si los casos se disparan.

La evaluación de riesgo para cada comunidad tendrá en cuenta, entre otros, el ámbito territorial; los indicadores relativos a la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y de salud pública; la exposición al riesgo; las características de la población susceptible expuesta o la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.

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