La gravedad a que apuntaba que Felipe VI renunciara a la herencia de su padre se ve confirmada día a día por la documentación remitida por las autoridades suizas a la Fiscalía en relación con los 65 millones que Juan Carlos I recibió de la monarquía saudí. Se investiga si fue un regalo o una comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas. Para no perderse con las informaciones que van a ir apareciendo, a continuación presentamos a los principales personajes de la trama con los datos que han ido aportando.

| Juan Carlos, bajo la lupa. La vida del rey emérito dio un giro radical en abril de 2012. Mientras España sufría una gravísima crisis económica, él tuvo un accidente durante una cacería de elefantes en Botsuana. Su vuelta de urgencia a España, le obligó a pedir disculpas públicas y a asegurar que no se volvería a repetir. Ahora se ha sabido que un par de meses después transfirió los 65 millones que le había entregado la monarquía saudí a su entonces amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Según la Constitución, Juan Carlos era entonces inviolable, por lo que no se le podría perseguir penalmente aunque hubiera cometido algún delito. Esa situación cambió en 2014 cuando abdicó. El pasado marzo, Felipe VI, su hijo, renunció a la herencia que le podía corresponder y le retiró la asignación anual tras publicarse que el rey emérito era beneficiario de la fundación panameña Lucum, en cuya cuenta en la banca Mirabaud de Suiza se ingresaron los 65 millones saudíes.

| Corinna confesó con Villarejo. Pocos fuera del círculo más próximo al rey emérito conocían a Corinna zu Sayn-Wittgenstein (Larsen desde su divorcio) hasta la caída en Botsuana. Ella le acompañaba. Es en gran parte responsable de los problemas jurídicos que afectan a Juan Carlos, porque ella es a la que se escucha decir al excomisario José Manuel Villarejo que los 65 millones eran una comisión, así como que la quería usar de testaferro. Dos meses después de la petición de disculpas públicas por parte del rey se produjo la transferencia de ese dinero a una cuenta de Bahamas del banco Gonet de la que ella era beneficiaria. Ante el fiscal suizo Yves Bertossa aseguró que este dinero era un regalo que obedecía al "amor" que Juan Carlos I le tenía y negó cualquier dato que pudiera relacionarla con un delito de blanqueo de capitales. Dice ser víctima de una persecución por parte del rey emérito y del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

| Fasana y Canonica. Arturo Fasana es el gestor de patrimonio al que han acudido las grandes fortunas españolas. Su nombre y el del abogado Dante Canonica han aparecido en varios casos de corrupción, como el de los Pujol o la Gürtel. Ninguno está imputado en España, pero en Ginebra han tenido que declarar ante Bertossa. Fasana le contó cómo creó Lucum para recibir el dinero saudí y cómo se desplazaba él mismo a Villars-sur-Ollon, el dúplex de lujo que el rey emérito y Corinna compartieron entre 2009 y 2012, para entregarle las cantidades de dinero que le pedía, informa El Español. Entre octubre de 2008 y marzo de 2012 se sacaron 5,5 millones de esa cuenta. Fasana también explicó las transferencias con las que Juan Carlos le prestó a Larsen los 2.199.000 euros necesarios para adquirir el chalé. Canonica, por su parte, explicó que el rey emérito decidió hacer una "donación irrevocable" a Corinna por miedo a que se descubriera su fortuna. Añadió que "cuando se ven los gastos hechos por Corinna en la cuenta Solare en el banco Gonet en Bahamas se constata que está gastando este dinero para ella, a un ritmo constante", mediante la adquisición de una mansión en Inglaterra.

| El Supremo. El jefe del Estado es inviolable, pero al renunciar a la corona en 2014 también lo hizo a esa prerrogativa. Lo que mantuvo fue el fuero ante el Supremo, como tienen por ejemplo los miembros del Gobierno. Por eso es el único tribunal que puede investigarle y, en su caso, juzgarle. Esa es la explicación que ofreció la Fiscalía cuando informó de que Anticorrupción remitía a sus compañeros del alto tribunal las diligencias que había abierto en relación al presunto pago de comisiones por el AVE saudí. El destino judicial de Juan Carlos está en manos de un equipo de cinco fiscales del alto tribunal que, bajo la dirección de Juan Ignacio Campos, estudian la documentación remitida por Suiza para determinar si hay indicios de que el rey emérito pudo haber cometido algún delito con posterioridad a su abdicación. De ser delito, los hechos investigados serían fiscales o de blanqueo.