La inviolabilidad parlamentaria, las funciones de la Mesa del Parlament, la libertad de expresión de los diputados y la aprobación de resoluciones vinculadas al procés se erigieron ayer en el campo de batalla en el juicio que se inició contra los exmiembros soberanistas del órgano Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó (los tres del PDeCAT) y Anna Simó (ERC), y contra la exdiputada de la CUP Mireia Boya. Los imputados, aclamados a la puerta del Palacio de Justicia por simpatizantes independentistas, invocaron la "inviolabilidad parlamentaria" y negaron que tuvieran la intención de desobedecer al Tribunal Constitucional. El fiscal Pedro Ariche les reclama un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros por haber permitido que la Cámara debatiera resoluciones a favor del procés pese a las advertencias del TC.