A última hora y tras varias semanas de negociaciones, PSOE y PP llegaron ayer a un acuerdo en el seno de la comisión de Reconstrucción del Congreso en materia de Sanidad y Unión Europea (UE). Socialistas y conservadores pactaron la creación de la Agencia Nacional de Salud que pedían los de Pablo Casado. Un gesto del Gobierno que allana el camino hacia el entendimiento en la votación final de hoy. Donde fue imposible acercar posiciones fue en los otros dos grupos de trabajo, el de Economía y el de Política Social.

En una jornada marcada por el acuerdo histórico firmado en el seno de Europa, los conservadores anunciaron su apoyo al dictamen de Sanidad a cambio de crear la Agencia Nacional de Salud, como venían demandando desde hace semana. Una medida que también apoyó Ciudadanos. No obstante, el visto bueno final de los de Casado a los textos de Sanidad y la Unión Europea está en el aire hasta que constaten que las últimas enmiendas aprobadas no son un escollo. En las otras áreas de trabajo ven cesiones "insuficientes" por parte del PSOE.

"Los españoles esperan que busquemos puntos de encuentro", reconoció la portavoz del PP en la comisión, Ana Pastor. Un tono muy similar al de su homóloga socialista, Adriana Lastra: "Este debe ser un acuerdo para demostrar que nuestra responsabilidad es mayor que nuestras diferencias".

Socialistas y morados también lograron el apoyo de Ciudadanos a los textos de Sanidad, Unión Europea y Economía. Sin embargo, los naranjas no darán su "sí" al documento sobre políticas sociales debido a la intención del Ejecutivo de retirar las ayudas a la educación concertada. Pese a que el Gobierno pactó con ERC una enmienda transaccional que matiza esta medida, los de Inés Arrimadas sostuvieron que no es suficiente.

Así, si el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica decía en su punto 18.1 que "la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa", excluyendo por tanto la educación concertada, en la enmienda transaccional se retira la mención a la educación pública de gestión directa.

De acuerdo con esta enmienda, dicho punto queda redactado de esta forma: "La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad".

Acuerdo "de país"

El acercamiento del PSOE al PP y a Ciudadanos no gustó a algunos de sus socios de investidura. Tanto ERC como Más País o el BNG afearon a los de Pedro Sánchez que no hayan apostado por medidas más progresistas apoyándose en una mayoría de izquierda.

"Este documento no es un acuerdo de Gobierno, ni de partido, es un acuerdo de país", se defendió la socialista Adriana Lastra, para, acto seguido, apuntar que era necesario sumar a quienes no piensan como uno mismo y llamar a la unidad.

A esto se sumó que el PNV, EH Bildu, los republicanos catalanes y Junts per Catalunya (JxC) anunciaron su voto en contra de varios de los dictámenes por plantear la recentralización de competencias. No obstante, los posconvergentes negociaron con el PSOE incluir en el documento de Economía la aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad de las empresas, por lo que hoy se abstendrán.