La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, optó ayer por no declarar ante el juez del Tribunal Supremo Eduardo de Porres hasta contar con una prueba pericial relativa a los 18 contratos de la Institució de les Letres Catalanes (ILC) que se investiga si fragmentó para beneficiar a un amigo. La diputada sostuvo ante los medios que no va a "colaborar con la injusticia" y que esa diligencia es clave para determinar si los trabajos se hicieron y cuál sería su valor de mercado.

Pese a su negativa, la comparecencia se ha convertido en el pitido de salida de la Fiscalía para presentar una batería de diligencias. El fiscal Javier Zaragoza pide un par de testificales, entre ellas la de la responsable de proyectos y actividades de la ILC, mientras la dirigía Borràs. También una prueba pericial sobre el material informático intervenido al también imputado Isaías Herrero, así como de la infraestructura contratada por la entidad entre el año 2013 y el 2018, según consta en el escrito fiscal al que ha tenido acceso este diario.

Además, ha pedido al instructor que reclame documentación al Ministerio de Hacienda sobre una factura por 21.659 euros, y a la ILC, diversa documentación, como una resolución de Borràs de febrero del 2013 o las plantillas de presupuesto enviadas a Herrero, si las hubo.

"No voy a colaborar nunca con la injusticia, quiero colaborar con la justicia y cuando esa prueba exista, solicitaré declarar voluntariamente", anunció la diputada de JxCat.