07 de agosto de 2020
07.08.2020
La Opinión de A Coruña
'Procés'

La Justicia belga rechaza la entrega a España de Lluís Puig por malversación

La Fiscalía de Bruselas ha recurrido la decisión - El asunto pasa a manos del Tribunal de Apelación

07.08.2020 | 12:15
Lluís Puig

La Justicia belga rechazó este viernes la entrega a España del exconsejero catalán Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por malversación en el caso del 1-O.

"La Fiscalía de Bruselas puede confirmar que la Cámara del Consejo ha rechazado la ejecución de la orden de arresto europea considerando que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo", señaló la Fiscalía en un comunicado.

La decisión, la primera que adoptan los tribunales de Bélgica sobre los políticos catalanes huidos de España en 2017, ya ha sido recurrida por la Fiscalía de Bruselas.  "La Fiscalía de Bruselas ha interpuesto un recurso contra la decisión de la Cámara del Consejo", ha confirmado el Ministerio Público belga en un escueto comunicado en el que no aporta información adicional.

El asunto pasa así a manos del Tribunal de Apelación, la segunda etapa en el procedimiento para examinar la orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena. No será el último paso, ya que las partes todavía podrían recurrir una vez más la decisión de esta instancia ante la Corte de Casación.

La Cámara del Consejo de Bruselas, juzgado de primera instancia que examinó la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada en relación con el exconsejero catalán de Cultura, siguió los argumentos de la defensa de Puig sobre la falta de competencia del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para emitir la euroorden.

"Siempre sostuvimos que el Tribunal Supremo no era competente para estos hechos y personas; ahora, la Justicia belga nos da la razón con las consecuencias que ello tiene para el resto de procedimientos pendientes. sin duda es un buen día para Puig y para todos", dijo el coordinador de las defensas de los políticos independentistas, Gonzalo Boye, en su cuenta en Twitter.

El pasado 23 de junio, cuando tuvo lugar la audiencia donde se anunció la fecha de la decisión, Puig dijo que había pedido al juez que, si se decidía por una sentencia de no extradición, en ella quedara "claro y bien argumentado que no hay ningún indicio de malversación, pero sí muchas vulneraciones de derechos fundamentales, como ciudadano, como político y como miembro del Govern catalán de 2017".

El argumento de la defensa del político catalán siempre ha sido que la Justicia española lo está reclamando para ejecutar una orden de prisión que sus excompañeros de gobierno ya están cumpliendo, pese a que un grupo de trabajo de Naciones Unidas "la ha declarado arbitraria y contraria a los derechos humanos", en palabras de los abogados.

Este asunto quedó desvinculado del caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la de su exconseller Toní Comín en el momento en el que a ambos se les reconoció la condición de eurodiputados, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el político catalán Oriol Junqueras emitida el pasado diciembre.

Las euroórdenes de Puigdemont y Comín están suspendidas hasta que se resuelva el suplicatorio que el Tribunal Supremo español envió a la Eurocámara para pedir que se les retire la inmunidad parlamentaria, para el que también se han ampliado los plazos por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.

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