Hace nueve meses Joaquim Torra daba la legislatura por agotada y anunciaba elecciones inminentes; ayer, remodelaba el Govern para fortificarse, dejando claro que piensa alargar su mandato hasta que el Tribunal Supremo decida si lo inhabilita. Ante la mirada atónita de ERC, socio de Junts per Catalunya (JxC) en la Generalitat, el president aprovechaba la maniobra para expulsar del Ejecutivo al PDeCAT, el partido que trata de subsistir tras una opa hostil de Carles Puigdemont que lo está dejando sin apenas cargos de primer nivel.

Joaquin Torra introdujo por sorpresa tres cambios en su equipo. La consejera de Cultura, Mariàngela Vilallonga -inédita salvo por alguna polémica lingüística por el castellano en TV-3- será sustituida por la exdiputada de CiU y Junts pel Sí Àngels Ponsa.

El titular de Interior, Miquel Buch, en el punto de mira del president desde la actuación de los Mossos en los disturbios independentistas del pasado otoño, deja su puesto al abogado Miquel Sàmper.

Pero el movimiento más relevante se produjo en el Departamento de Empresa. Torra destituye a Àngels Chacón, última superviviente del PDeCAT en el Govern, para colocar al exeurodiputado Ramon Tremosa. El partido reaccionó con indignación, y calificó de "purga política" el relevo de la hasta ayer consejera. Chacón es la principal aspirante a convertirse en candidata del PDeCAT a la Generalitat si finalmente se enfrenta en las urnas a la nueva formación de Puigdemont.

Pero el PDeCAT se ha quedado ahora sin su principal escaparate para los próximos meses. "Todos sois conscientes de las circunstancias que han llevado al president a tomar esta decisión", se revolvió Chacón contra su "abrupta" destitución en una carta a su equipo en Empresa. Buch también dejó algún reproche y recordó la "falta de trayectoria política" de Torra.

Las lecturas de la crisis son múltiples. La versión oficial insiste en que el president quiere "reforzar" el Govern "ante la incertidumbre sobre la evolución del Covid-19 y ante la certeza de la crisis económica y social". Pero la realidad es poliédrica. Al margen de la disputa en el mundo posconvergente, todo apunta a que el president ha cambiado de idea y ahora piensa alargar su mandato todo lo posible.

Previsiblemente no será mucho tiempo, porque el Tribunal Supremo decide el 17 de septiembre sobre su inhabilitación; el propio Torra se da por destituido. Se vislumbra a partir de entonces en el horizonte un panorama de nuevo enrevesado, con JxC presionando a ERC -vía presidente del Parlament, Roger Torrent- para que no acate la decisión.

Es el escenario ideal para Puigdemont: "confrontación" abierta con el Estado y oportunidad de endosar a su socio -y rival por los votos independentistas- un presunto colaboracionismo con el enemigo. Ahora mismo, lo más probable es que las elecciones catalanas no se celebren hasta entrado el año que viene.

Torra comunicó el miércoles los cambios a Puigdemont, informa Fidel Masreal. Y ayer mismo se desplazó a la cárcel de Lledoners para comentarlos con Jordi Sànchez y Joaquim Forn. También ofreció al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la posibilidad de hacer algún cambio en los departamentos de ERC, pero no quiso. Los republicanos guardaron las formas y dejaron las discrepancias para las reflexiones fuera de micro.