09 de septiembre de 2020
09.09.2020
La Opinión de A Coruña
Gobierno

El Gobierno prevé impulsar la reforma del delito de sedición este curso

Defensa asumirá la redacción de una nueva ley de secretos oficiales, demandada por el PNV

09.09.2020 | 23:04
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo

La reforma del Código Penal verá la luz este curso político. Esa es la pretensión del Ejecutivo, y la que ha plasmado en el 'Plan anual normativo 2020', que aprobó el martes el Consejo de Ministros y al que tuvo acceso en su integridad EL PERIÓDICO. Esto supone que la revisión del delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del 'procés', se abordará en apenas unos meses. La idea es adaptar el tipo penal a los "parámetros europeos", pero una rebaja del castigo podría beneficiar a los dirigentes encarcelados.

La modificación del Código Penal es un compromiso de legislatura de Pedro Sánchez y que, como él mismo dijo el lunes en TVE, "mantiene". Pero no tenía fecha. Que es una carta que el Gobierno está dispuesto a aprovechar como gesto de distensión hacia el independentismo –ERC y, ahora, los cuatro diputados del PDECat–, lo prueba que este punto se metió "a última hora" en la agenda legislativa, como indicaban fuentes del Ejecutivo.

El pasado lunes, en La 1, el presidente no ligó expresamente la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con los cambios en el Código Penal, pero sí reforzó ese compromiso. Desde la Moncloa se insistió en que ambas cuestiones son "carriles independientes", pero el hecho de incluir esta cuestión en la programación legislativa de este próximo semestre es un gesto hacia el soberanismo. Sánchez apuntó que hay que ser "empáticos, sensibles y mirar a Europa, que en algunas de las sentencias ha dicho claramente cuáles son los déficits que tiene nuestro Código Penal".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el encargado de redactar el proyecto de ley, sí había advertido que la reflexión estaba ahí y que no se podía obviar, aunque su pretensión era incluir en esa reforma la actualización o incorporación de otros tipos —como los delitos medioambientales o los relativos a los derechos de los animales—, y esperaba que fuera fruto de un amplio consenso. Sin embargo, la revisión de los delitos contra la Constitución contará, muy probablemente, con la oposición de la derecha de la Cámara. El propio ministro confirmó este miércoles en 'Hora 25' (SER) la noticia avanzada por este diario: la reforma se hará este curso.

Sin embargo, la modificación del Código Penal es solo una parte de un largo documento de cerca de 80 páginas. El plan describe una por una, las 171 disposiciones –una propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución, 53 leyes ordinarias, tres leyes orgánicas y 114 reales decretos–, que el Gobierno prevé aprobar este curso, a las que hay que sumar la citada revisión del Código Penal y la legislación de urgencia que sea necesaria vía reales decretos leyes.

Presupuestos y vivienda

El plan, elaborado por la Juna de Planificación y Evaluación Normativa e informado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, precisa también el carácter de las normas y su procedencia. Así, un total de 48 (del total de 171) incorporan al ordenamiento jurídico español directivas u otras disposiciones europeas, y 22 serán sometidas a un análisis 'ex post' sobre los resultados de su aplicación una vez aprobadas.

El ministerio más activo es el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, que prevé sacar adelante 12 leyes y 12 reales decretos, aunque buena parte de esa legislación prevista será producto de la trasposición de directivas europeas. Transportes, que pilota José Luis Ábalos, tiene en cartera seis leyes y 12 decretos. En el otro lado de la balanza, departamentos como Sanidad (un decreto), Igualdad (dos leyes orgánicas y un real decreto), Consumo (dos decretos) y Derechos Sociales y Agenda 2030 y Universidades (una ley y un real decreto cada uno).

Entre las medidas que el Gobierno de coalición impulsará, se encuentra la ley de memoria democrática –adelantada por este diario este miércoles y cuyo anteproyecto aprobará el Consejo el próximo martes, 15 de septiembre–, o el proyecto de reforma constitucional, para eliminar la palabra "disminuido" de la Carta Magna y reemplazarla por la expresión "personas con discapacidad". Ambas iniciativas dependen de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, coordinadora de este plan normativo.

¿Pero qué más disposiciones relevantes contiene el plan? A continuación se añaden las principales normas programadas que el Gobierno prevé impulsar en los próximos meses.

-Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es la clave de bóveda de la legislatura, sin la cual la estabilidad del Gobierno peligra. El presidente prevé que pueda estar aprobada antes de final de año, pero es todavía más deseo que realidad, porque los apoyos no están aún amarrados ni hay siquiera un borrados que defiendan los dos socios del Ejecutivo.

-Ley de secretos oficiales. El Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, liderará la redacción de una nueva norma, una petición histórica del PNV.

-Leyes para la protección de los trabajadores. El departamento de Yolanda Díaz está ultimando tres normas relevantes: la que regulará el trabajo a distancia, la que permitirá la prórroga automática de los convenios colectivos y la que resguardará a los 'riders'.

-Ley de vivienda. Transportes, que comanda José Luis Ábalos, persigue garantizar a los ciudadanos "su derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada". El objetivo, explica el ministerio, es regular aspectos "como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como un servicio público de interés general, el blindaje de la función social que debe cumplir la vivienda o establecer mecanismos para impedir la enajenación de los parques públicos de vivienda, evitando prácticas del pasado" que entiende el Gobierno que no pueden volver a repetirse.

-Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte urbano. La ley establecerá "normas y procedimientos claros para seleccionar inversiones, fijar la financiación del transporte público, resolver las inconsistencias del modelo viario, profundizar en la normativa de seguridad o fijar principios y responsabilidad de colaboración entre administraciones y avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras de transporte".

-Ley de protección animal.

-Ley de ciencia.

-Ley orgánica de libertad sexual. El anteproyecto ya lo visó el Consejo de Ministros en la semana del 8 de marzo, cuando despertó una enorme tensión entre los dos socios. Aún falta una segunda lectura del Gabinete antes de su remisión a las Cortes.

-Ley orgánica para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

-Ley contra el dopaje en el deporte.

-Modificación de la ley de bases del régimen local, para la "recuperación" de la autonomía de los municipios.

-Ley de función pública.

-Ley de formación profesional.

Además, el Gobierno tiene en la mochila otras medidas, como la extensión de la jurisdicción de los juzgados de violencia de género a dos o más partidos judiciales, el desarrollo de la 'tasa Tobin' y la 'tasa Google' (las leyes aún están en tramitación en las Cortes, y luego llegarán los reglamentos), la creación de una autoridad administrativa independiente para la investigación de los accidentes (marítimos, ferroviarios o aéreos), el real decreto para la mayor transparencia retributiva y la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, la subida del salario mínimo interprofesional para 2021, una nueva oferta de empleo público, la ley de residuos y suelos contaminantes o la que creará el Parque Nacional Sierra de las Nieves.

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