13 de octubre de 2020
13.10.2020
La Opinión de A Coruña
Presentación conjunta

PSOE y Podemos aceleran y llevan ya al Congreso la ley para renovar el CGPJ

Al tramitarse como una iniciativa parlamentaria, el Gobierno se ahorra pedir informes consultivos

13.10.2020 | 11:16
PSOE y Podemos aceleran y llevan ya al Congreso la ley para renovar el CGPJ
PSOE y Podemos aceleran y llevan ya al Congreso la ley para renovar el CGPJ

El Gobierno no va a esperar más al PP. Los dos grupos parlamentarios que lo sostienen, PSOE y Unidas Podemos, registraron este martes la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, a la vista de que el PP no se aviene a negociarla. El texto actúa en dos vías: rebajar la mayoría necesaria para nombrar a los vocales del turno judicial del CGPJ (12 de los 20 totales), en segunda votación, y recortar los poderes del órgano cuando este está en funciones.

Hasta ahora, se contaba con que sería el propio Consejo de Ministros el que aprobara el anteproyecto de ley. Pero, finalmente, fueron los dos grupos de PSOE y UP los que han llevado la iniciativa al Congreso. La diferencia es sustancial, y revela que la mayoría gubernamental quiere caminar rápido y proceder a una modificación exprés de la LOPJ.

El itinerario elegido es clave. Al optar por una tramitación como proposición de ley, planteada por los grupos, el texto puede discutirse y aprobarse con celeridad en las dos Cámaras. La portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, avanzó en rueda de prensa conjunta con su homólogo morado, Pablo Echenique, que, según sus cálculos, podría estar en vigor en dos meses. En cambio, si es el Gobierno quien saca del horno su iniciativa, el anteproyecto tarda más en ver la luz, ya que el Ejecutivo ha de reclamar informes a los órganos consultivos.

En este caso, con seguridad tendría que preguntar al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el afectado directamente por esta reforma y que está presidido desde 2013 por Carlos Lesmes. La Moncloa sostiene un pulso con el órgano de gobierno de los jueces desde hace semanas, después de que le pidiera aplazar unos días el acto de entrega de los despachos judiciales en Barcelona, solicitud a la que se negó Lesmes, según el relato del titular de Justicia, Juan Carlos Campo. El episodio aumentó a su vez la tensión con la Corona, ya que el Gobierno impidió al Rey que fuera a la ceremonia con la nueva promoción de jueces en la capital catalana del pasado 25 de septiembre, con el argumento de que era inminente la sentencia de inhabilitación de Quim Torra por el Supremo y por la cercanía del tercer aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

Lastra explicó que han optado por la vía de la proposición de ley porque la elección de los magistrados del CGPJ "es una competencia del Congreso" y, por tanto, la iniciativa debía partir desde los grupos parlamentarios y no desde el Consejo de Ministros.

Mayoría de 187 votos

Al eludir los informes consultivos, preceptivos pero no vinculantes, el Gobierno se evita también una previsible reprimenda, porque la carrera mayoritariamente está en contra de una modificación que pretende rebajar las mayorías necesarias para nombrar a los 12 vocales del turno judicial de tres quintos de la Cámara baja (mayoría reforzada) a una mayoría absoluta (la mitad más uno de los escaños) y que también busca recortar las funciones de un CGPJ con un mandato caducado.

El texto registrado por ambas formaciones detalla que el CGPJ, con el mandato vencido, tenga funciones de despacho ordinario, pero no pueda promover ascensos ni designaciones, como ocurre con el Gobierno, cuando pasan unas elecciones y está en funciones. Además, recoge que los 12 vocales jueces sean elegidos por Congreso y Senado por mayoría absoluta, no por mayoría de tres quintos. Los otros ocho vocales juristas han de ser nombrados por tres quintos de cada Cámara porque así lo prescribe el artículo 122 de la Constitución.

Sin embargo, el Ejecutivo puede tropezar con una iniciativa que ahora tutelarán los grupos que le sustentan, ya que, si se culmina, el PP la llevará al Tribunal Constitucional. El TC, en su sentencia 108/1986, validó que la LOPJ de 1985, promovida por Felipe González, se ajustaba a la Carta Magna. Esta norma hizo que también los vocales jueces fueran elegidos por las Cámaras, y no entre los propios jueces (como ha seguido reclamando el PP, aunque nunca llegó a impulsar ese cambio).

Pero el TC, en aquel momento presidido por Francisco Tomás y Valiente (asesinado por ETA en 1996), decía entonces que era legítimo ese sistema precisamente porque contenía "cautelas", porque se exigía, para los vocales del cupo judicial, esa mayoría cualificada, lo que garantizaba la independencia del Poder Judicial y aseguraba un equilibrio. De ahí que gran parte de la carrera entienda que, si se rebajan las mayorías, hay peligro de politización del órgano.

En las Cortes, PSOE y Unidas Podemos no encontrarán probablemente obstáculos a sus deseos, ya que la mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez, a la que se sumó JxCat, suscribió un manifiesto a favor de una renovación inmediata de los órganos atascados. Serían 187 votos, por encima de la mayoría absoluta necesaria para cambiar la LOPJ.

Ante los populares

"El CGPJ es un órgano constitucional que lleva dos años sufriendo el bloqueo constante del PP, impidiéndole cumplir con la labor que tiene constitucionalmente asignada", sentenció Lastra, antes de subrayar que tanto Lesmes como la Comisión Europea han exigido la renovación de este órgano.

Por su parte, Echenique hizo hincapié en que este reforma "viene a garantizar que se cumple la Constitución en este punto" y que la composición del CGPJ responde a la "nueva mayoría parlamentaria" que surgió de las urnas en las pasadas elecciones.



El líder del PP, Pablo Casado, no tardó en responder a la noticia, advirtiendo de que la llevará al TC y a los tribunales europeos.
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