14 de octubre de 2020
14.10.2020
La Opinión de A Coruña

El juez imputa al falso sacerdote que asaltó la casa de Luis Bárcenas

El magistrado quiere saber si el ataque formó parte del espionaje al extesorero del Partido Popular en el marco de la 'operación Kitchen'

14.10.2020 | 01:18
Enrique García Olivares.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón quiere determinar si el asalto de un falso cura a la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas en el año 2013 se enmarca en el dispositivo parapolicial ilegal conocido como operación Kitchen, puesto en marcha por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para intervenir los documentos comprometidos para el partido que pudiera guardar. Para llegar a una conclusión, el magistrado ha citado a declarar este viernes como imputado al único condenado por ese ataque.

Antes de comparecer ante el magistrado, Enrique Olivares García será sometido a un reconocimiento médico forense, para determinar si se encuentra en condiciones de prestar declaración. La Audiencia Provincial de Madrid condenó al falso sacerdote a 22 años de prisión por irrumpir en el domicilio de Bárcenas y retener a su esposa, a su hijo y a la empleada doméstica. Los magistrados le consideraron responsable de tres delitos de secuestro, amenazas y faltas de lesiones, tenencia ilícita de armas y allanamiento de morada.

García-Castellón ha mostrado su interés por este episodio a través de reiteradas preguntas a los exresponsables policiales imputados en la causa, aunque ninguno, ni siquiera el excomisario Enrique García Castaño, que se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia, ha admitido cualquier conocimiento sobre esos hechos.

Cuando menos resulta sospechoso cómo se produjo el asalto, especialmente, tras saberse que hasta 70 policías participaban en la vigilancia a la que se sometió a la familia del extesorero del PP.

También es llamativo cómo se resolvió: el chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, irrumpió en la vivienda pese a ser su día libre y logró reducir a Olivares. Ríos, uno de los imputados en el caso Kitchen, recibía 2.000 euros al mes de los fondos reservados por informar sobre lo que ocurría en la casa y por los movimientos del matrimonio.

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