22 de octubre de 2020
22.10.2020
La Opinión de A Coruña

La Audiencia Nacional desliga a Trapero y a los Mossos del proceso soberanista

El tribunal concluye en su sentencia absolutoria que el mayor actuó de manera "proporcional" el 1-O y el 20-S y descarta colaboración con los independentistas

22.10.2020 | 01:02
Josep Luis Trapero, mayor de los Mossos.

La Audiencia Nacional absuelve al mayor Josep Lluís Trapero y a la antigua cúpula de los Mossos porque no considera acreditado que "trataran de impedir o dificultar el cumplimiento de las resoluciones del Constitucional, del Tribunal Superior de Cataluña o de la Fiscalía", ni que "se pusieran de acuerdo con quienes lideraban el proceso independentista o que les apoyaran propiciando la pasividad" de la Policía catalana. Su actuación el 20 de septiembre del 2017 y el 1 de octubre, sostiene, resultó cuando menos "razonable" y "proporcional" para minimizar daños entre los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente.

El tribunal niega las acusaciones fiscales contra Trapero, el exdirector del cuerpo Pere Soler, el exsecretario general de Interior César Puig y la intendente Teresa Laplana, porque "no hay elemento incriminatorio alguno que revele un acuerdo entre ellos para constituirse en instrumento del proceso independentista y poner el aparato policial de la Generalitat a su servicio", ni tampoco con las personas condenadas en el juicio en el Supremo por sedición u otros organizadores del 1-O.

El fallo -que cuenta con el voto particular de la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, partidaria de condenar a Trapero y a Soler por sedición, y aún puede ser recurrido por la Fiscalía- sostiene que los acusados no se comunicaron con los responsables políticos y sociales que convocaron el 1-O en septiembre y octubre de 2017 y que la prefectura de los Mossos, con Trapero al frente, "reprobó públicamente el 23 de septiembre las palabras del consejero de Interior, de quien dependían orgánicamente, afirmando su compromiso con la ley y las decisiones de los jueces".

El 26 y el 28 de septiembre, Trapero pidió al entonces president, Carles Puigdemont, que desconvocara el 1-O. Y en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre le dijo delante del consejero de Interior y del entonces secretario de Estado de Interior que los Mossos cumplirían la ley y las resoluciones de los jueces.

El tribunal tiene en cuenta que Trapero tenía preparado un dispositivo para detener el día de la declaración de independencia a Puigdemont y a los miembros del Govern que le indicara la autoridad judicial. Y destaca los 4.500 atestados levantados durante la campaña del 1-O.

Durante el registro de la Consejería de Economía, el 20-S, la actuación de Trapero "no fue de colaboración con los independentistas, sino que afrontó la situación de un modo que evitó graves daños", porque eludió "la reacción violenta contra ciudadanos que no manifestaban una especial agresividad" y "agotó todas las posibilidades de mediación con los que se erigieron como líderes de la protesta", sin ceder a sus pretensiones.

El 1-O la actuación de Trapero "parece estar dirigida a minimizar los daños, aunque ello supusiera al final la celebración del referéndum ilegal", lo que "no puede desdeñarse", porque "venía obligado a cumplir los mandatos del Constitucional, la Fiscalía y el TSJ"; pero, "en la ponderación de los intereses en juego (integridad de las personas, alteración del orden, cumplimiento del mandato judicial), el jefe policial no debía poner como única finalidad impedir a toda costa el referéndum".

Esa "prudencia, aunque posibilitara la celebración del referéndum ilegal y favoreciera la estrategia independentista, no puede ser considerada como una cooperación a la sedición o como una desobediencia a los mandatos judiciales. El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situación, la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo".

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