El antiguo número 2 del ministerio del Interior, Francisco Martínez, ratificó ayer ante el juez del caso Villarejo que el exministro Jorge Fernández Díaz estaba al tanto de la operación Kitchen para espiar a Luis Bárcenas en 2013. Martínez suavizó con matizaciones su amenaza de contarlo todo en sede judicial y declaró que el seguimiento era legal, orientado a localizar la fortuna oculta del extesorero.

Cuando algo genera mucha expectación no es difícil que las expectativas se vean defraudadas. Algo así pasó ayer con la declaración ante el juez del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el caso Kitchen. Se le había oído tanto advertir a través de sus mensajes privados que la responsabilidad penal por la operación llegaría al exministro Jorge Fernández Díaz y "probablemente" hasta al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que supo a poco la forma en la que señaló al primero. A Rajoy ni lo mencionó.

En la Audiencia Nacional, Francisco Martínez declaró que fue Fernández Díaz -quien hoy podrá explicarse ante el juez-, quien le mencionó por primera vez a Sergio Ríos, el chófer del extesorero, colaborador en su espionaje a cambio de 2.000 euros de los fondos reservados que le entregaba mensualmente el excomisario José Manuel Villarejo. Sostuvo, sin embargo, que siempre consideró que la operación era legal, encaminada a localizar la fortuna en Suiza de Bárcenas, y que no se trataba de intervenir la documentación comprometida para dirigentes del PP que pudiera guardar el extesorero del partido cuando ingresó en prisión.

Tras su imputación, Martínez optó por llevar a un notario los sms en los que el ministro le informaba del "éxito" de la operación. En los mensajes, cuya autoría Fernández Díaz niega y que el exsecretario de Estado admitió que alguno podía ser reenviado, no se precisa en qué basaba el exministro su balance. En la causa figura que Ríos entregó varios móviles viejos de Bárcenas a Villarejo y que el excomisario también imputado Enrique García Castaño engañó a una empleada de la limpieza para entrar en el taller de pintura de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias.

Martínez, que declaró durante unas tres horas para responder al juez y a su defensa, detalló que cuando el ministro le habló de Ríos, él se dirigió al exnúmero dos de la Policía, el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, también imputado en la causa, para preguntarle si era confidente. Añadió, como si fuera una práctica habitual, que Villarejo reportaba también al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta que surgieron los problemas y el expolicía llegó a denunciar a quien entonces era su director, Félix Sánz Roldán.

Las desavenencias con Pino hicieron que Villarejo dejara de ser el encargado de pagar al chófer, tarea que se le trasladó al policía Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal y también imputado.

En cuanto a los fondos reservados, Martínez descargó la responsabilidad en el coronel Diego Pérez de los Cobos, del que dijo que era el encargado de las comprobaciones, puesto que a él le llegaban sin detalle, solo por operación y cuantía, para su firma.

Al conocerse la investigación de la pieza Kitchen, Martínez, que en un principio negó cualquier vinculación con estos hechos, reconoció que finalmente cambió de estrategia y optó por llevar ante notario los mensajes que había intercambiado con el exministro porque, dijo, le dolieron las declaraciones que hizo a raíz de ser imputado en esta causa, en las que Fernández Díaz aseguró que no sabía nada de este caso y se limitó a pedir que se respetara su presunción de inocencia.