La Consejería de Interior amagó con no costear la defensa del mayor Josep Lluís Trapero y de la intendente Teresa Laplana en el juicio por sedición que ambos afrontaron en la Audiencia Nacional. El departamento acabó abonando los honorarios pactados con la abogada Olga Tubau, pero mantuvo la demora durante un año y la rectificación se produjo cuando el juicio contra los dos policías ya había comenzado.

La amenaza de no afrontar el pago de la defensa del que fuera su superior indignó al cuerpo, que se la tomó como un abandono injustificable de dos funcionarios por parte de la Generalitat en un juicio en el que estaba en juego el futuro de Trapero y Laplana, pero también la estabilidad y reputación de los Mossos. Así lo confirman tanto fuentes policiales como la propia Tubau. Otras fuentes aseguran que se trató de un mero problema contractual, sin motivación política alguna.

Fue la propia Consejería la que convenció a Trapero de la necesidad de contratar a Tubau. El juicio suponía un reto jurídico tan extenso que resultaba inasumible sin una dedicación exclusiva, un compromiso que sobrepasaba la capacidad del responsable de Afers Penals del departamento, Josep Lluís Florensa. Fue éste quien sugirió que la elegida para la tarea de defender a Trapero y a Laplana fuera Tubau y que esta actuara en colaboración con Mari Pau Martí, la responsable de asesoramiento jurídico de los Mossos.

El tándem de las dos mujeres se demostró una fórmula acertada y clave para lograr la absolución. Sin embargo, no gustó nada a Trapero al principio. El mayor siempre había defendido que los servicios jurídicos de Interior son los que deben hacerse cargo de las defensas de los agentes denunciados por hacer su trabajo. Tubau asumió una defensa que implicó invertir todos sus esfuerzos durante tres años, renunciar a otros clientes y anticipar de su bolsillo una suma importante de dinero en gastos. Las declaraciones de la cúpula de los Mossos en el juicio contra los líderes del procés, especialmente la del propio Trapero, coincidieron con la demora en pagar los servicios de Tubau. En aquel juicio, los Mossos se desmarcaron del referéndum ilegal del 1-O y negaron cualquier connivencia con el Govern de Puigdemont.

La fiscalía interpretó aquellas declaraciones como una cortina de humo de la defensa de Trapero, que Tubau ya preparaba para el posterior juicio, y mantuvo la petición de sedición para la vista que se celebraría en la Audiencia un año más tarde. El Govern, en cambio, se las tomó completamente en serio y demoró que se hiciera efectivo el pago molesto con las declaraciones de la antigua cúpula de los Mossos. Sin embargo, otras fuentes de Interior de la época atribuyen esta tardanza a un problema contractual, pues la ley fija un máximo de 15.000 euros para cualquier contrato público sin concurso, y la defensa de Trapero y Laplana costaba más.

La solución que se acordó fue dar un anticipo a los dos acusados que tendrían que haber devuelto si hubieran sido condenados, una fórmula que tampoco pareció justa al cuerpo. Estas limitaciones legales fueron el motivo del retraso, según las citadas fuentes, que niegan cualquier intencionalidad política. La negativa acabó llegando al cuerpo policial, sobre todo al entorno de Trapero y Laplana. Fue una noticia que generó perplejidad, al principio, e indignación, después. También fue la enésima razón de distanciamiento entre Mossos y Govern.