Las escuchas policiales al denominado "estado mayor de Puigdemont" tienen efectos políticos colaterales. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que no figura como uno de los objetivos de la investigación, denunció ante la Fiscalía lo que considera "revelación de secretos" al trascender una conversación suya con uno de los implicados en la que critica el bajo perfil político del coordinador político de su formación y presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés. La de Rufián es la primera acción judicial de ERC, que anuncia más y cuyo malestar resulta siempre una amenaza dada la compleja relación que mantiene con el Gobierno de coalición.

Lo de Rufián tiene su miga, puesto que el audio que le afecta, una conversación con Xavier Vendrell, uno de los investigados, en casa de éste, donde se explaya simpáticamente sobre compañeros del partido (no hay ningún indicio de delito en esa conversación), no está entre el lote de documentos facilitados a los medios de comunicación, aunque sí apareció en un medio madrileño. Lo más llamativo son sus críticas al bajo perfil político de Aragonés, cuyo discurso necesita, a su juicio, un giro.

Las conversaciones privadas, se afirma en la denuncia de Rufián, no guardan relación con el procedimiento judicial y se difunden con la finalidad de ser explotadas políticamente. El líder de ERC en el Congreso acusa directamente a los responsables de las unidades de policía judicial de la Guardia Civil de haber filtrado a la prensa la conversación puesto que entiende que solo dichos mandos policiales disponían de ella, y pide a la fiscalía que averigüe si esto constituye un delito de "revelación de secretos".

"Para empezar, queremos saber si estas grabaciones son legales", apuntó ayer la portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien exigió que cese en la reproducción pública de las escuchas. La otra inquietud de ERC es que esa operación acabe con la imagen impoluta que la formación siempre defendió frente a los numerosos casos de corrupción en el campo convergente. Vendrell, antiguo cargo público ahora en el mundo empresarial, aparece en las grabaciones reclamando gestiones administrativas en favor de sus intereses. "Todo es mentira", aseguró ayer Marta Vilalta, en referencia a la operación conocida como Volhov. "No hay conciertos, ni recalificaciones, ni relaciones extrañas del Govern con personas ajenas. Nada. Todo es un montaje de 'Tácito'". Con ese apodo es con el que el independentismo asegura que el teniente coronel Baena, responsable de la investigación, operaba en las redes sociales para atacar al soberanismo. Baena negó, bajo juramento, en el juicio del procés", ser 'Tácito'.

Los grupos republicanos en el Congreso y el Senado presentaron una batería de preguntas, centenares, para tratar de esclarecer los hechos y para conseguir la reprobación del juez instructor de la causa "Volhov" por "prevaricación y detención ilegal".