Inés Arrimadas echa el freno. La presidenta de Cs cambia de criterio y ayer anunció que pone nuevas condiciones para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2021: el Gobierno deber retirar la enmienda a la ley educativa para eliminar que el castellano deje de ser considerada como lengua vehicular y debe comprometerse por escrito a que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Tras la reunión de su ejecutiva, Arrimadas aseguró que esto no significa que rompan la negociación con el Gobierno. Ella y sus nueve diputados en el Congreso siguen con la mano tendida para convencer a Pedro Sánchez para que haga esas rectificaciones y apuesten por la moderación frente al separatismo de ERC y "la mayoría Frankenstein". "Es el momento de que Sánchez elija qué vía quiere para España", emplazó la política en referencia a que el Ejecutivo sigue manteniendo las dos opciones vivas en su deseo de cuadrar el círculo.

La semana pasada, cuando ya se conocía el pacto del Ejecutivo con los republicanos sobre el castellano, Ciudadanos indicó que no pediría la devolución de los Presupuestos, porque ya estaba negociando cambios en el proyecto de ley y estaba satisfecho (no subirá el diésel, no se subirá el IVA a la educación concertada o la sanidad privada y habrá un plan de lucha contra el fraude fiscal, entre otras medidas). Esta semana, sin embargo, Arrimadas pone nuevas "líneas naranjas" y eleva el listón para forzar la ruptura con ERC, además de reclamar ayudas directas a autónomos y pymes y para la conciliación familiar.

La presidenta de Cs no contestó a las preguntas sobre este giro en la postura de su formación e insiste en que al menos su partido negocia y trata de que Sánchez rectifique mientras otros, en referencia directa al PP y Vox, se ponen "a gritar" en un "rincón" sin aportar nada.