El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos parecía que sabía exactamente qué tenía que decir ante el juez del caso Villarejo para no perjudicar a ninguno de los principales imputados en la Operación Kitchen, ni al entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, ni a su secretario de Estado, Francisco Martínez.

No le constaba que ambos hubieran tenido participación alguna en el operativo ilegal investigado, porque, pese a ser el encargado de entregar los fondos reservados con los que presuntamente se pagó, dijo no saber a quién se daba ese dinero ni haber oído hablar de la polémica operación. Fuentes jurídicas presentes en la declaración señalan que cuando explicaba la cadena de mando de la que dependían esos fondos para este tipo de operaciones policiales, e iba ascendiendo de un superior al siguiente, el juez Manuel García-Castellón tomó la palabra para preguntarle si el superior máximo de una cuyo coste ascendía a "275.000 euros" sería el ministro. El director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad en el 2013 respondió que sí.

Según la defensa de Fernández Díaz, Pérez de los Cobos también explicó que los fondos reservados escapaban al control del ministro desde 25 años atrás, al estar delegados en la Secretaría de Estado de Seguridad, por lo que sí mantenía reuniones con Martínez sobre esta partida. Nunca trató con Jorge Fernández Díaz sobre ellos, ni sobre ningún confidente, extremo que él mismo ignoraba en las operaciones pagadas con los fondos reservados, puntualizó en su declaración.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez imputó, mientras declaraba ante él, al responsable policial que coordinó el dispositivo de 70 agentes que vigilaron en 2013 al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su entorno.

El magistrado continuará esta semana con nuevas declaraciones. Mañana será el turno del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que pidió volver a comparecer ante el juez. Ríos habría cobrado 2.000 euros al mes, procedentes de los fondos reservados, por vigilar a su jefe y su familia, según los recibos encontrados en el registro del domicilio del excomisario Villarejo.